San Juan no cobrará por ahora la atención médica a extranjeros no residentes: “Lo que no puedo medir, no puedo cambiar”
El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia no adherirá por el momento a la medida nacional que establece el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia. Dijo que el impacto actual es mínimo y que cualquier cambio deberá analizarse con datos concretos.
San Juan tomó distancia, al menos por ahora, de la decisión adoptada por el Gobierno nacional para cobrar la atención sanitaria no urgente a extranjeros no residentes en los hospitales públicos.
El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia no aplicará actualmente ese esquema de cobro, pese a que el Gobierno nacional ya reglamentó la medida para los establecimientos sanitarios que dependen de Nación.
La explicación del funcionario se basa en el bajo impacto que actualmente tiene la atención de extranjeros dentro del sistema público sanjuanino.
Según los datos que maneja el Ministerio de Salud, durante los últimos tres años se registró un promedio de 102 consultas anuales de personas extranjeras, una cifra que, frente a los millones de prestaciones que brinda el sistema sanitario provincial, resulta poco significativa.
“Lo que no puedo medir, no puedo cambiar”, sostuvo Dobladez al explicar el criterio que adoptará San Juan.
El ministro remarcó además que la medida nacional está dirigida a los hospitales nacionales y que cada provincia tiene autonomía para definir qué decisión tomar dentro de su propio sistema de salud.
Por ahora, no se cobrará
Dobladez fue contundente al ser consultado sobre si San Juan acompañará la medida nacional: “Por ahora no se va a cobrar”, afirmó.
El funcionario consideró que mantener el acceso a la atención sanitaria también forma parte de la política turística, especialmente teniendo en cuenta que la provincia recibe principalmente turismo nacional y que el número de extranjeros que actualmente recurren al sistema público es reducido.
En ese sentido, explicó que imponer un cobro para una demanda que hoy es mínima podría terminar generando más dificultades que beneficios.
La situación, sin embargo, podría cambiar en el futuro.
La minería podría modificar el escenario
El ministro puso el foco en el crecimiento que podría experimentar San Juan a partir del desarrollo de la actividad minera y el eventual ingreso de trabajadores extranjeros.
En ese escenario, Dobladez planteó que el Estado provincial deberá analizar nuevamente la situación, especialmente si aumenta de manera considerable la cantidad de extranjeros que utilizan el sistema público.
“Si estos 102 en promedio durante este año o a principios del año que viene se nos va al doble, al triple, hay que tomar la decisión con datos, no con sensaciones”, explicó.
La diferencia, según el funcionario, estará en el origen de esa demanda.
Mientras que un turista extranjero que eventualmente necesita atención médica forma parte de una situación vinculada a la actividad turística, el caso de trabajadores extranjeros contratados por empresas privadas debería tener otro tratamiento.
“Las empresas que los traigan deben hacerse cargo”, sostuvo Dobladez, al considerar que los empleadores deben garantizar la cobertura sanitaria de sus trabajadores y evitar que ese costo termine siendo absorbido por el sistema público.
La provincia no necesita adherir a la decisión nacional
Dobladez aclaró además que San Juan no necesita esperar una normativa nacional para implementar una eventual medida de este tipo.
La disposición nacional alcanza a los hospitales que dependen directamente del Estado nacional, mientras que la salud pública provincial se encuentra bajo jurisdicción del Gobierno de San Juan.
Por eso, cualquier modificación en el sistema provincial deberá surgir de una decisión propia y estará condicionada a la evolución de la demanda.
“No nos cambia en los tiempos este DNU porque tenemos autonomía”, explicó el ministro.
Así, mientras Nación avanza con el cobro a extranjeros no residentes en sus hospitales, San Juan mantendrá por ahora la atención sin cargo y seguirá monitoreando los números.
La postura oficial es clara: no habrá un cobro generalizado mientras la demanda siga siendo marginal, pero el Gobierno no descarta modificar el criterio si el crecimiento de la actividad minera o un cambio en el flujo migratorio genera una presión significativa sobre el sistema sanitario.
