El Nazario Benavídez se prepara para la nueva etapa de la Justicia Penal Juvenil
El Instituto Nazario Benavídez atraviesa la última etapa de las obras de adecuación para quedar en condiciones de recibir eventualmente a adolescentes varones alcanzados por el nuevo régimen penal juvenil. El establecimiento viene siendo remodelado desde antes de la sanción de la nueva ley y el objetivo es contar con un espacio que responda a las características específicas que requiere el nuevo sistema.
El asesor letrado del Gobierno, Ricardo Alejandro Ferrari, explicó que las obras están prácticamente terminadas y que resta completar algunos trabajos puntuales. “Lo único que resta es finalizar los baños, poniendo los sanitarios que tienen que ser de acero, no pueden ser de loza”, detalló. De esta manera, el sector destinado al alojamiento de varones quedaría acondicionado para comenzar a funcionar cuando sea necesario.
El mismo predio también contempla un espacio diferenciado para adolescentes mujeres. Ferrari señaló que existe “una construcción que está separada del conjunto donde están las escuelas, los consultorios, el salón de reuniones y demás”, que actualmente está siendo acondicionada para un eventual alojamiento femenino. Si esa obra no estuviera terminada cuando se produzca una situación que requiera alojamiento, existen alternativas transitorias dentro de los espacios que actualmente dispone la Dirección de Niñez.
La adaptación no se limita a la infraestructura. El nuevo régimen requiere personal preparado para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal y bajo una lógica diferente al sistema tradicional. En ese marco, se prevé capacitación específica del personal que tendrá contacto con los jóvenes, con participación de agentes especializados, además de la articulación con otras áreas del Estado.
Ferrari remarcó que la nueva legislación no apunta a utilizar el encierro como primera respuesta. “La nueva ley intenta justamente no poner el acento en el aspecto punitivo, sino en el aspecto restaurativo”, sostuvo. Por eso, antes de una eventual privación de la libertad existen herramientas como la mediación, acuerdos de juicio abreviado, tratamientos y otras medidas destinadas a favorecer la reinserción.
La adecuación de la estructura judicial también será determinante. La ley exige jueces especializados y, para determinados delitos, contempla la intervención de tribunales colegiados, lo que podría demandar una ampliación de la cantidad de magistrados destinados al fuero penal juvenil. “Ante la sanción de una determinada sanción dispuesta por un tribunal colegiado, se supone que debe ser revisada también por un tribunal colegiado, lo cual exige que haya más jueces”, explicó Ferrari. Así, el desafío no será solamente contar con lugares de alojamiento, sino poner en funcionamiento una estructura integral que combine Justicia, asistencia, seguimiento y reinserción.
