El Gobierno se alejó de la cadena nacional en su proyecto y crece el escepticismo sobre sus intenciones
A diferencia del día del anuncio presidencial, la mayoría de los aliados mantienen mesura sobre el proyecto porque dos tercios de la redacción apuntan a propósitos no directamente ligados al reclamo por las islas.
La atención que el Gobierno había captado por la cadena nacional de Javier Milei sobre la causa Malvinas se fue disipando entre los diversos debates parlamentarios. El comunicado oficialista, pidiendo «poner una pausa a otras discusiones y darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto«, fue un reconocimiento de la urgencia por una agenda que alinee al oficialismo con los intereses nacionales. Sin embargo, la primera recepción de la propuesta no genera el optimismo de unidad que pronosticaba. El excombatiente y diputado Aldo Leiva sintetizó en Ámbito que en la redacción «no está ni el 30% de lo que dijo Milei en cadena nacional».
En el mismo bloque de La Libertad Avanza admiten que desconocían que, desde el artículo 41 al 133 del proyecto de «Defensa de Soberanía Nacional», la redacción va mucho más allá de las sanciones económicas y penales a quienes desarrollen actividades económicas en aguas argentinas, que sólo se encuentran en el primer título del texto para imponer penas que llegan hasta los 20 años de prisión y multas equivalentes hasta los 3.000.000 barriles de petróleo. Tampoco, y a pesar de que el anuncio de la propuesta fue hace dos semanas, estaban al tanto de la prisa: la próxima semana ni siquiera se tratará la ley en Diputados.
Aún no se definieron las comisiones que integrarán el plenario, aunque se cree que estará encabezado por Defensa Nacional, junto a Presupuesto, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. La Libertad Avanza tiene en Luis Petri y Federico Pelli sus dos referencias para respaldar el proyecto en la Cámara baja. En distintos términos, ambos explicitaron la línea argumentativa del Gobierno. «La soberanía deja de declamarse y empieza a ejercerse«, dijo el exministro, mientras que Pelli -quien además integró el Ejército Argentino- planteó en Liberia Stream que “la cadena nacional avanza en una noche en cosas que no se hicieron en años». Como ejemplo mencionó la partida que se destinará para la Base Naval de Ushuaia, sin precisar si el período de inactividad al que se refirió fue el del 2023-2026, cuando la construcción quedó paralizada.
El oficialismo encontró una inmediata adhesión a su proyecto en el PRO, desde donde igual admiten que les resta un debate sobre el articulado. “Ya no se limita al petróleo y el gas: alcanza a todos los recursos, renovables y no renovables. Y no sólo a quien los explota directamente, sino a quienes lo hacen posible”, remarcó el partido en sus redes sociales, en donde remarcaron que se reflejan “reglas claras y consecuencias reales para proteger lo que nos pertenece”.
Ese entusiasmo no se reflejó en la UCR y los aliados provincialistas, que debatirán el proyecto la próxima semana para pronunciarse. Unión por la Patria ya mantuvo reuniones por la estrategia que llevarán como bloque. “Estamos analizando sobre el riesgo de censura previa, la persecución del disenso y la alteración del sistema de seguridad interior bajo la cobertura de una causa nacional. También la modificación al Código Penal”, plantearon desde un espacio que suele respaldar al Gobierno en el Congreso. Esa parte mayoritaria de la ley, que van del Título 2° al 8°, es el que provocó la reacción del habitual arco opositor.
Los rechazos a la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”
El artículo 111 establece condenas de hasta 12 años de prisión para personas a las que se vinculen con organizaciones o Estados extranjeros y procuren «alterar procesos electorales» o promuevan «actos de violencia”, hechos de gravedad que se incluyen en conjunto con «manipular la opinión pública», argumento que ya utilizó la actual administración para inhibir el ingreso periodístico a Casa Rosada. «Es distorsivo porque siembra una idea de crisis y desestabilización, que es un escenario que no se condice con la realidad», le dijo a este medio el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas), que aseguró que pedirán al menos modificar el artículo.
En el mismo sentido, Agustín Rossi (Unión por la Patria) calificó que se trata de “una ley ómnibus que detrás de una fachada mete temas que son claramente inconvenientes” y criticó -en diálogo con Radio Con Vos- la creación del Consejo de Seguridad Nacional por “crear una estructura permanente para que se le deleguen funciones, tanto judiciales como legislativas” al Ejecutivo. Esteban Paulón (Provincias Unidas) coincidió en sus redes sociales: “Es una concentración de poder nunca antes vista en el Presidente un organismo que no tiene ningún tipo de consulta con el Poder Legislativo”. La última reorganización de funciones securitarias fue concretada el año pasado por decreto.
Sin embargo, existen también voces que piden observar con criterio los primeros 40 artículos de la redacción, que apuntan a la causa Malvinas pero en los que se deroga completamente la Ley N° 26.659, prometiendo un “régimen superador”. Las sospechas que se abren es porque no hay modificaciones del articulado sino que se opta por una eliminación de toda la norma, cuyo objetivo es precisamente reglar las condiciones de «exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina». Pero, además, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que la derogación puede hacer que se eliminen inhabilitaciones vigentes.
Incluso relató un caso en donde una sanción de la actual ley, calificada como “ineficiente” por la cuenta oficial de la Presidencia, se incumplió por la gestión de Milei. Esto es porque en el 2013, la Secretaría de Energía inhabilitó por 15 años a la empresa Premier Oil PLC por operar en la plataforma continental cercana a Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, actualmente -con un cambio de nombre- forma parte del consorcio de Southern Energy S.A. que ingresó al RIGI. «Si la derogación no contempla una cláusula expresa que las preserve, la inhabilitación pierde sustento normativo hacia adelante. El resultado podría ser que, en los hechos, se termine limpiando la inhabilitación de la misma empresa que fue beneficiada con el RIGI y con otras autorizaciones para explorar y explotar recursos. Eso se parece demasiado a una autoamnistía«, relató Ferraro.
La reglamentación legal del vigente Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), que puede incluir personas cuando existan “motivos razonables para sospechar” según la UIF, fue otros de los señalamientos opositores por la flexible definición que adoptó el Gobierno en acciones de protesta civil, cuya carátula de «terrorismo» recae sobre personas que permanecen detenidas en cárceles federales hace más de un semestre. Una insistencia de Casa Rosada vuelve a aparecer en la ley: el artículo 106 se involucra en la norma de Financiamiento de los Partidos Políticos, al igual que en el 2024, para prohibir que asesores extranjeros participen de campañas electorales.
La inclusión -intempestiva para los miembros de La Libertad Avanza– de todo un régimen normativo, que excede al reclamo de soberanía por las islas pero declama ese término modificando atribuciones institucionales, evidencia que el Gobierno pasó de tener una oportunidad para una ley sancionada por unanimidad a una redacción que, para aprobarse, requerirá cambios. La manifiesta falta de inocencia en la desmesura de la redacción abre paso a la duda de si el rechazo no es el verdadero objetivo de la estrategia de Casa Rosada, que podría montarse sobre la narrativa de Malvinas para apuntar contra quienes no apoyaron su reforma.
Fuente: Source link
