El fiscal del Acueducto Gate: “Vamos a imputar a los 11 con distintas responsabilidades ya que podría tratarse de un hecho de corrupción
El fiscal que investiga el caso del Acueducto Gran Tulum aseguró que la investigación avanzó durante nueve meses, con un trabajo “muy minucioso” y documentación que ocupa al menos 100 cajas. Además, sostuvo que podría tratarse de un hecho de corrupción, defendió la actuación del Ministerio Público Fiscal y cuestionó los argumentos que buscan presentar la causa como una persecución política.
“Yo entiendo que la mejor defensa es la que se presenta en tribunales”, afirmó el funcionario judicial al referirse a las declaraciones de los abogados defensores que denunciaron una supuesta persecución política. En ese sentido, remarcó: “Yo siempre lo he dicho, política no hago, no entiendo de política. Exclusivamente me rijo por el Código de Procedimiento, el Código Penal y de ahí no me muevo”. También aseguró que, hasta el momento, no recibió presiones políticas para orientar la investigación y que el equipo fiscal tuvo a disposición los recursos necesarios para avanzar sin condicionamientos.
Sobre la ausencia de dos de los 11 sospechados en la audiencia de formalización, el fiscal señaló que ambos habían sido notificados con anticipación y consideró que no estaban dadas las condiciones para justificar sus inasistencias. “Es una carga pública que tenemos todos como ciudadanos. El hecho de que somos citados al inicio de un proceso es una carga pública y debemos estar”, sostuvo. Y agregó una frase que apuntó directamente a la estrategia de los involucrados: “Si estas personas entienden que no tuvieron nada que ver, no hay mejor momento para presentarse y aclararlo”. El funcionario también indicó que la Fiscalía mantendrá su postura respecto de la necesidad de que los 11 sospechados comparezcan y puedan conocer formalmente los hechos que se les atribuyen.
En relación con las pruebas reunidas, explicó que la investigación demandó casi nueve meses de análisis de informes, documentación secuestrada y material solicitado a distintas dependencias. “Yo creo que son de la entidad suficiente para esta etapa del proceso”, afirmó, aunque aclaró que todavía queda un largo camino antes de una eventual acusación y un juicio. Según precisó, el expediente reúne al menos 100 cajas de documentación impresa, además de material digital, y reconoció que parte de los documentos buscados no fue encontrada. “No se ha desestimado absolutamente nada”, respondió cuando le consultaron por los cuestionamientos sobre la aptitud de los caños previstos para la obra.
El fiscal también defendió la competencia de la Justicia provincial frente a los planteos que pretenden trasladar el expediente al fuero federal. Explicó que, si la Fiscalía hubiera considerado que correspondía la intervención federal, lo habría solicitado desde el comienzo. Consultado sobre la posibilidad de que la causa se prolongue durante años, como ocurrió con otros expedientes de alto impacto, respondió: “Espero que no me lleve 15 años llegar a una resolución”. Finalmente, ratificó que el objetivo del equipo es esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan, sin anticipar culpabilidades: “La intención de este Ministerio Público, así como lo venimos haciendo con este trabajo minucioso, es llegar a la verdad de lo que pasó”. La audiencia de formalización será clave para conocer los hechos atribuidos a los 11 sospechados y los elementos que sostienen la investigación.
