Baigorrí rechazó el pase de la causa del Acueducto Gran Tulum a la Justicia Federal
El fiscal general de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, cuestionó el pedido para trasladar la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum desde la Justicia provincial al fuero federal. El funcionario consideró que el origen nacional de parte de los fondos no alcanza para justificar un cambio de jurisdicción y sostuvo que los principales damnificados por los hechos investigados serían los sanjuaninos. No obstante, aclaró que su postura es una opinión jurídica personal y que la decisión final corresponde a los jueces.
“Todos los dineros que manejan las provincias, un 80% por coparticipación vienen de Nación. Entonces, el argumento de que el dinero viene de Nación es insostenible”, afirmó Baigorrí al referirse a la presentación realizada para que la causa pase a los tribunales federales. El fiscal general insistió en que la procedencia de los recursos no determina por sí sola qué fuero debe intervenir y remarcó que, a su criterio, no existen razones suficientes para trasladar el expediente.
El planteo fue presentado el 9 de octubre por Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) e investigado en la causa, mediante su abogado Mohamed Nasser Uzair. La defensa solicitó que la Justicia Federal reclame el expediente, con el argumento de que el financiamiento de la obra incluyó fondos nacionales y créditos internacionales respaldados por el Estado nacional. La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de Daniel Rafecas, quien solicitó información a la Justicia provincial para conocer el objeto y el estado de la investigación antes de resolver sobre la competencia.
La controversia abre una discusión jurídica sobre el alcance de los fondos comprometidos y la contratación que está bajo investigación. Mientras la defensa sostiene que existe un interés patrimonial nacional que justificaría la intervención federal, quienes impulsaron la denuncia consideran que los hechos investigados corresponden a decisiones y contrataciones realizadas en el ámbito provincial. Por ahora, no se dispuso el traslado de la causa y la definición dependerá de las resoluciones judiciales que se adopten. En paralelo, Baigorrí también consideró que Sergio Uñac y Cristian Andino deberían comparecer ante la Justicia, pese a sus funciones legislativas, y señaló que la posibilidad de una audiencia virtual podría evaluarse, aunque esa alternativa no fue autorizada en la convocatoria anterior.
Gentileza: Diario Huarpe
