Cierre de minas: el proyecto que busca sumar garantías financieras abre la polémica
El senador nacional por San Juan Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, expresó sus reparos al proyecto que busca incorporar nuevas garantías financieras para asegurar la reparación ambiental y el monitoreo de los yacimientos mineros una vez finalizada su explotación. La iniciativa será analizada este miércoles 21 de octubre en un plenario de comisiones del Senado y propone establecer instrumentos económicos para financiar las tareas de cierre y la vigilancia posterior. Sin embargo, el legislador consideró que la propuesta abre un debate sobre el alcance de la regulación nacional y el rol que deben cumplir las provincias mineras.
“Esto es un proyecto que viene ya hace varios años”, explicó Olivera, quien detalló que la iniciativa busca sumar herramientas financieras a las obligaciones de cierre que ya contempla el Código de Minería. Entre sus principales puntos, mencionó la constitución de una garantía que debe completarse antes de alcanzar los dos tercios de la vida útil del emprendimiento y la creación de un fideicomiso para que el Estado cuente con fondos destinados a sostener durante cinco años la vigilancia ambiental posterior al cierre. Según señaló, el objetivo es verificar que no queden tareas pendientes después de finalizada la actividad.
Al fundamentar su postura, el senador libertario marcó diferencias con la posibilidad de incorporar estas obligaciones mediante una modificación del marco normativo nacional. “La visión de nosotros es que realmente hoy no tiene sentido modificar un código de fondo como es el Código de Minería, más teniendo en cuenta este boom minero que estamos viendo”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la cuestión debería quedar en manos de las provincias y recordó que existen jurisdicciones, como Catamarca, que cuentan con resoluciones propias para regular este tipo de instrumentos. Para Olivera, el proyecto impulsado por un senador radical de esa provincia busca llevar al plano nacional mecanismos que ya tienen antecedentes en el ámbito provincial.
El legislador también cuestionó el impacto económico de mantener inmovilizados esos recursos durante décadas y puso como ejemplo la experiencia chilena. “Vos imaginate que es el 2% de todos los proyectos, de los fondos de garantía de todos los proyectos, o sea, es un número sumamente elevado que no le encuentro el sentido de tenerlo inmovilizado”, afirmó. Además, advirtió sobre las dificultades que observa en el esquema de administración de los fondos y señaló que, a su entender, la propuesta todavía presenta aspectos complejos por resolver. Aunque anticipó que el debate continuará en el Senado, consideró poco probable que el proyecto obtenga dictamen y llegue al recinto antes de fin de año. Por ahora, la iniciativa sigue en discusión y no constituye una ley aprobada.
