ADEPA reitera su alerta por el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada y exige su urgente normalización

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó nuevamente su preocupación por el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada y reclamó su pronta normalización, al considerar que la medida afecta el ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública.

A diez días de la interrupción del espacio, la entidad advirtió que se trata de una restricción de hecho al oficio. Según planteó, el funcionamiento de la sala forma parte de una práctica institucional con más de un siglo de historia en Argentina y responde a estándares habituales en democracias occidentales, donde el acceso de los periodistas a fuentes oficiales es clave para garantizar la transparencia.

En ese sentido, ADEPA sostuvo que la falta de precisiones sobre su reapertura debilita los mecanismos de rendición de cuentas y limita el derecho de la ciudadanía a estar informada. Además, manifestó su solidaridad con los periodistas acreditados que habitualmente trabajan en la Casa Rosada, quienes se ven impedidos de desarrollar su labor en condiciones normales.

El pronunciamiento también se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el poder político y la prensa. La entidad advirtió que las descalificaciones públicas y agresiones verbales contra periodistas por parte de funcionarios contribuyen a generar un clima de hostilidad que afecta el ejercicio de la profesión.

“El acceso a la información pública y el trabajo de la prensa libre no son prerrogativas sectoriales, sino garantías para la ciudadanía en el sistema democrático”, señaló ADEPA, al tiempo que instó al Gobierno a restablecer de manera urgente el funcionamiento de la sala de prensa y a promover un entorno de mayor tolerancia hacia la labor periodística.

Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre los motivos del cierre ni sobre cuándo se normalizará el funcionamiento del espacio.

Crecen los reclamos políticos y judiciales sin definiciones del Gobierno.

La restricción, que implicó la quita de acreditaciones a periodistas que cubren habitualmente la actividad oficial, fue justificada por la administración de Javier Milei en el marco de una investigación por un presunto caso de espionaje ilegal.

El episodio se originó tras la difusión de un video registrado por un periodista acreditado con anteojos inteligentes dentro de Balcarce 50, lo que derivó primero en la revocación de su acceso y, pocos días después, en la extensión de la medida al resto de los medios. Según señalaron fuentes del sector, la decisión fue comunicada de manera informal y hasta el momento no hubo notificaciones oficiales ni precisiones sobre los plazos para restituir las acreditaciones.

En paralelo, diputados de la oposición impulsan iniciativas para garantizar el acceso de la prensa a las sedes de los tres poderes del Estado, mientras que distintos medios avanzan con presentaciones judiciales contra la medida. Incluso, integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja realizaron una reunión sin convocatoria formal para escuchar a periodistas afectados y visibilizar el conflicto.

Mientras tanto, trabajadores de prensa acreditados volvieron a manifestarse frente a la Casa Rosada para reclamar la restitución de sus condiciones habituales de trabajo, en un escenario que profundiza la tensión entre el Gobierno y el sector periodístico.