Avanza la investigación por el Acueducto Gran Tulum con inspecciones en el terreno
La investigación judicial por posibles irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, ejecutada durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, sumó un nuevo capítulo esta semana con una inspección ocular en distintos puntos del trazado del proyecto.
El procedimiento se realizó el 10 de marzo y contó con autorización de la jueza de Garantías Lucero. La recorrida estuvo encabezada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes avanzan en la causa junto a un equipo de ayudantes fiscales y peritos técnicos.
Recorrida por distintos sectores de la obra
La inspección comenzó en el obrador de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada del proyecto, ubicado en inmediaciones del paredón del Dique Punta Negra, en el departamento Zonda.
Luego, la comitiva judicial se trasladó a distintos sectores de la Ruta 12 y también al interior de Villa Tacú, donde el proyecto contemplaba la construcción de un túnel para el paso de las cañerías.
El recorrido continuó en una obra ubicada sobre el costado norte de avenida Libertador General San Martín, cerca del Cementerio El Mirador, y finalizó en la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
Un operativo con apoyo técnico y policial
Durante la jornada participaron también peritos, efectivos policiales y personal técnico que colaboraron con las tareas de relevamiento.
Entre los organismos que asistieron al operativo estuvieron Policía Científica, Brigada de Delitos, Policía Rural —que aportó drones para el registro aéreo—, efectivos de la Comisaría 14ª y personal de OSSE.
Una investigación que sigue creciendo
La causa busca determinar si existieron irregularidades en la ejecución de la obra, considerada una de las infraestructuras hídricas más importantes de la provincia.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal dispuso un espacio de trabajo exclusivo para el equipo de investigación, con el objetivo de centralizar la documentación y el análisis técnico del proyecto.
Según trascendió, el fiscal general Guillermo Baigorrí solicitó a la Corte de Justicia más recursos humanos y materiales para reforzar el equipo que lleva adelante la investigación.
El máximo tribunal autorizó un espacio físico reservado, equipamiento informático y sistemas de seguridad, una estructura similar a la utilizada en investigaciones complejas como la megacausa de las expropiaciones.
