Caso Branka Motors: Entre la bronca y la resignación, damnificados analizan aceptar el acuerdo
La causa judicial por la presunta estafa de Branka Motors atraviesa un momento clave. Luego de que los acusados ofrecieran $500 millones para devolver a las víctimas en cinco cuotas, entre los damnificados comenzó a instalarse un clima de resignación mientras analizan si aceptan o no la propuesta.
Los imputados Jonathan y Alexis Marcó junto a Facundo Banega presentaron el ofrecimiento como parte de un intento de reparación integral del perjuicio, una figura legal que podría poner fin a la causa si el acuerdo es homologado por la Justicia y se cumple en su totalidad.
Un acuerdo que divide a las víctimas
Aunque muchos de los denunciantes consideran que el monto es insuficiente, varios estarían dispuestos a aceptarlo por una razón concreta: recuperar al menos parte del dinero perdido.
En total, la causa reúne 348 damnificados, quienes deberán decidir si aceptan el acuerdo o continúan con el proceso judicial, que podría extenderse durante años sin garantizar la devolución del dinero.
El plan de pago propuesto contempla cinco desembolsos de $100 millones cada uno que se repartirían entre las víctimas según el dinero que cada una aportó.
El cronograma planteado sería el siguiente:
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Primer pago: dentro de los 15 días posteriores a la homologación del acuerdo
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Segundo pago: a los 30 días
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Tercer pago: a los 60 días
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Cuarto pago: a los 90 días
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Quinto pago: a los 120 días
Garantías con bienes familiares
Uno de los puntos más discutidos del acuerdo es el respaldo económico. Según trascendió, los acusados no habrían declarado bienes propios, por lo que las garantías ofrecidas pertenecen a familiares.
En el caso de los hermanos Marcó, los inmuebles utilizados como respaldo pertenecen a sus padres, mientras que Banega habría comprometido propiedades de sus abuelos. Esos bienes quedarían como garantía hasta completar la devolución del dinero.
Una causa que sacudió a San Juan
La investigación está a cargo de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, encabezada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, bajo la supervisión de la jueza de Garantías Ana Carolina Parra, quien mantiene a los imputados con prisión preventiva.
Para la fiscalía, la empresa no funcionaba como un negocio tradicional sino como un esquema de captación de dinero mediante engaño, similar a un sistema piramidal.
Según la investigación, la concesionaria ofrecía motocicletas a precios atractivos, pero las primeras entregas o devoluciones se financiaban con el dinero aportado por nuevos clientes y no con ganancias reales.
El perjuicio económico estimado supera los $509 millones, lo que convirtió al caso en uno de los escándalos financieros más grandes de los últimos años en San Juan.
Mientras la investigación sigue su curso, la próxima semana podría ser decisiva, ya que los damnificados deberán definir si aceptan el acuerdo o continúan el proceso judicial.
