Chimbas: La intendenta frenó el Presupuesto y apuntó al Concejo

Uno de los puntos más críticos señalados por la intendenta es la asignación de cuatro mil millones de pesos para el funcionamiento del Concejo Deliberante, una cifra que calificó como desproporcionada y perjudicial para la gobernabilidad del municipio. A su entender, esta reasignación implica que el Concejo pase de controlar al Ejecutivo a gobernar directamente, decidiendo qué políticas se sostienen y cuáles se eliminan.

Rodríguez también denunció la creación de partidas propias para viáticos, subsidios y contrataciones, así como la intención de conformar una estructura administrativa paralela, con nuevas direcciones y al menos once cargos políticos, sin sustento legal ni respaldo normativo.

Polémica por los salarios

Otro aspecto destacado del veto es la decisión del Concejo de incrementar el salario de la intendenta, medida que —según explicó Rodríguez— tendría como único objetivo elevar los haberes de los concejales, dado que la Carta Orgánica establece que sus remuneraciones se calculan en función del sueldo del Ejecutivo.

“Un deber jurídico, no una postura política”

Desde el Ejecutivo municipal aseguraron que existieron intentos de diálogo, tanto formales como informales, que no prosperaron. Por ese motivo, la intendenta remarcó que el veto no responde a una disputa política, sino a un deber institucional para preservar el orden constitucional, el equilibrio de poderes y el normal funcionamiento de los servicios que presta el municipio.

Con esta decisión, el Presupuesto 2026 deberá volver a ser tratado, en un escenario que anticipa nuevas tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Chimbas.