Con Uñac en la lista, el oficialismo se acerca a la media sanción por Glaciares
El oficialismo nacional confía en conseguir este jueves la media sanción para modificar la Ley de Glaciares y, en ese escenario, el voto del senador sanjuanino Sergio Uñac aparece como una de las claves para inclinar la balanza. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, abre la puerta a que las provincias tengan mayor margen de decisión sobre actividades productivas en zonas actualmente alcanzadas por restricciones ambientales.
El proyecto ya genera tensiones dentro del peronismo y vuelve a poner en debate el delicado equilibrio entre desarrollo minero y protección de los recursos hídricos.
Un voto que pesa
Según trascendió en el Senado, el oficialismo contaría con el acompañamiento de Uñac y de la catamarqueña Lucía Corpacci, además de un sector del peronismo dialoguista que se apartó del interbloque que conduce José Mayans. De confirmarse esos apoyos, el Gobierno quedaría cerca del número necesario para aprobar la reforma.
La discusión no es menor para San Juan. La provincia tiene en la minería uno de sus principales motores económicos y la normativa vigente —sancionada en 2010— fue históricamente cuestionada por sectores productivos que consideran que limita proyectos en zonas de glaciares de escombros o ambientes periglaciares.
El respaldo eventual de Uñac no sería una novedad en términos históricos: durante su gestión como gobernador defendió una postura favorable al desarrollo minero con controles ambientales, en línea con lo que en su momento también sostuvo José Luis Gioja cuando impulsó una legislación provincial más flexible.
Qué se modifica
El eje de la reforma apunta a reforzar el criterio de que las provincias —amparadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional— son dueñas de los recursos naturales y, por lo tanto, deben tener mayor injerencia para habilitar o no emprendimientos productivos en áreas donde existan glaciares de escombros.
Desde el oficialismo aseguran que no se tocará el inventario nacional de glaciares elaborado por el IANIGLA, pero sí se busca que la definición final sobre actividades permitidas surja de estudios de impacto ambiental provinciales y audiencias públicas locales.
Del otro lado, organizaciones ambientales advierten que cualquier flexibilización puede afectar reservas estratégicas de agua en un contexto de retroceso glaciar. Datos difundidos por especialistas indican que en la última década se registró una reducción significativa de la superficie glaciar en el noroeste argentino, una región clave como reguladora hídrica.
El mensaje de Orrego
En paralelo, el gobernador Marcelo Orrego ya expresó públicamente su respaldo a la modificación y aseguró que votar en contra implica frenar oportunidades de desarrollo y empleo. Sus diputados nacionales también tendrían la instrucción de acompañar la iniciativa en el Congreso.
La postura oficial provincial refuerza la idea de que, más allá de los alineamientos partidarios, en San Juan existe una coincidencia transversal respecto a sostener la actividad minera como política de Estado.
Un debate que divide
La votación promete profundizar las diferencias internas dentro del peronismo y reconfigurar alianzas en la Cámara Alta. Mientras un sector insiste en mantener la ley tal como fue aprobada en 2010, otro considera que es necesario actualizarla para evitar trabas a inversiones estratégicas.
Para San Juan, el resultado no será neutro. La discusión vuelve a instalar una pregunta de fondo que atraviesa la política local desde hace más de una década: cómo compatibilizar minería, cuidado ambiental y desarrollo sostenible en una provincia que depende, en buena medida, de sus recursos naturales.
El Senado tiene la última palabra en esta instancia. Y el voto sanjuanino, otra vez, quedará en el centro de la escena.
