Crece la preocupación por la baja vacunación infantil: denuncias judiciales y un proyecto para endurecer sanciones
La reaparición de enfermedades que estaban erradicadas o controladas en la Argentina volvió a encender las alarmas sanitarias a nivel nacional. Tos convulsa, sarampión y otros cuadros prevenibles por vacunación reaparecen en distintas provincias, en un contexto marcado por la baja en el cumplimiento del calendario obligatorio infantil.
En ese marco, la provincia de Mendoza avanzó esta semana con una medida inédita: denunció penalmente a diez padres que no cumplieron con el calendario de vacunación de sus hijos, convirtiéndose en los primeros casos en los que se aplica formalmente el protocolo judicial previsto por la normativa vigente. Desde el Ministerio de Salud confirmaron que esta herramienta puede aplicarse en cualquier punto del país.
El rol del Estado y la responsabilidad familiar
La diputada nacional Nancy Picón (Producción y Trabajo) advirtió que la problemática no es nueva ni exclusiva de la pandemia de COVID-19, sino que responde a una corriente antivacunas que lleva años creciendo. Sin embargo, remarcó que en muchos casos no se trata de una postura ideológica, sino de desinterés, falta de conciencia o excusas logísticas por parte de los adultos responsables.
“Las vacunas están disponibles, son gratuitas y obligatorias. El problema no es el Estado, el problema es cuando las familias no asumen su responsabilidad”, sostuvo la legisladora, al tiempo que recordó que los niños no pueden decidir por sí mismos y quedan expuestos a enfermedades que incluso pueden provocar la muerte.
Un proyecto para sumar multas a las sanciones penales
Picón recordó que en 2024 presentó un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones contra los padres que no garanticen la vacunación obligatoria, incorporando multas económicas además de las sanciones penales ya previstas.
La iniciativa establece multas que irían de 50 a 500 Unidades Fijas (UF), un mecanismo pensado para que las sanciones se actualicen con el tiempo y no pierdan efecto disuasivo. En valores actuales, las multas podrían superar los 300 mil pesos, dependiendo de la cotización vigente de la UF.
“El objetivo no es recaudar ni castigar por castigar, sino generar conciencia. Lo ideal sería que nunca tengamos que aplicar sanciones porque los padres entienden que vacunar es cuidar”, subrayó.
Enfermedades que vuelven y casos fatales
La diputada alertó especialmente sobre los casos recientes de tos convulsa, una enfermedad que había dejado de ser una amenaza en el país. En Entre Ríos, por ejemplo, murieron siete bebés en las últimas semanas a causa de esta patología, un dato que refuerza la gravedad de la situación.
“Es tremendo volver a hablar de muertes por enfermedades que hace años no estaban en la agenda sanitaria”, lamentó.
¿Qué pasa en San Juan?
Si bien Picón aclaró que no cuenta con cifras actualizadas de San Juan, señaló que la provincia, junto con Mendoza y Córdoba, mantiene una tendencia relativamente positiva en la vacunación, a diferencia de grandes centros urbanos como CABA, Rosario y Santa Fe, donde se registró una caída más marcada.
No obstante, explicó que todas las provincias cuentan con registros digitales de vacunación, lo que permite detectar automáticamente cuándo un niño no cumple con el calendario obligatorio. A partir de allí, el Ministerio de Salud puede intimar a los padres y, de persistir el incumplimiento, avanzar por la vía judicial, tal como ocurrió en Mendoza.
Un debate abierto en el Congreso
El proyecto de Picón aún mantiene estado parlamentario y podría volver a debatirse en comisión, especialmente luego de que otros legisladores presentaran iniciativas en sentido contrario, proponiendo eliminar la obligatoriedad de las vacunas.
“Son dos miradas opuestas. Yo elijo respetar la ciencia, los tratados internacionales y el derecho de los niños a la salud”, afirmó.
Para la diputada, la mejor noticia no sería la aprobación de una ley, sino no tener que hablar más de chicos enfermos o fallecidos por falta de vacunación.
