Crecen las versiones sobre la salida de Julio Manco de FAdeA tras una asamblea sin definiciones

La representante del Ministerio de Defensa en la asamblea, la abogada Carolina Coler, encabezó la posición del accionista mayoritario —el Estado nacional (Defensa) posee el 99 por ciento del paquete accionario— y promovió diferir la discusión sobre el futuro del management. La decisión fue leída dentro de la compañía como una señal de que todavía no existe una definición cerrada sobre la conducción.

Por esas mismas horas, en despachos oficiales ya se conocía la “actitud renunciante” adoptada por Manco. El dato comenzó a circular a partir de la divulgación, en ámbitos muy reservados, de una carta; fechada el 21 de mayo; en la que el presidente del directorio exponía “razones personales” para dar un paso al costado.

Pero esa posición no se explica únicamente por el contenido de esa nota. De acuerdo con fuentes vinculadas al área, en los días previos se produjo una fuerte discusión entre el secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Mario Katzenell —responsable político de las empresas bajo la órbita de Defensa— y el propio Manco.

El intercambio, descripto como especialmente áspero, habría tenido impacto directo en el deterioro de la relación y terminó de consolidar la postura de alejamiento que el titular de FAdeA ya venía evaluando.

Denuncias que se pausan y salpican al CEO de la planta

A esa tensión política se sumó además otra presión creciente dentro de la fábrica. Durante las últimas semanas, Manco venía salpicado por una serie de denuncias impulsadas por personal técnico y jerárquico de la planta, que pusieron bajo observación distintas decisiones de gestión y procedimientos internos, entre ellas una quedó radicada en el juzgado federal N°3 de Córdoba.

Según pudo reconstruirse, varios de esos escritos fueron girados a la Oficina Anticorrupción (OA) para su análisis y, en paralelo, también habría tomado intervención la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), lo que elevó la sensibilidad política del conflicto y agregó un factor de presión institucional sobre la conducción de la empresa.

Sin embargo, trabajadores y cuadros jerárquicos que promovieron esas presentaciones aseguran que el trámite interno perdió impulso con el correr de las semanas y que parte de las actuaciones quedaron prácticamente en pausa. Dentro de ese grupo atribuyen esa ralentización a una actitud de cierto desinterés por parte de Julia Enríquez, responsable de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA, cuya intervención comenzó a ser observada con creciente malestar entre quienes esperaban un avance más rápido de los expedientes.

En ese marco, fuentes cercanas al proceso sostienen que el cuadro general terminó por debilitar aún más la posición de Manco dentro y fuera de FAdeA.

Según trascendió, el escrito de renuncia elaborado por Manco incluía además una extensa evaluación de su propia gestión, con un detalle de acuerdos y convenios que exhibía como principales logros de su administración.

Sin embargo, dentro de la empresa y también entre observadores del sector aeronáutico, varios de esos anuncios fueron relativizados por considerar que, más allá de la exposición institucional y los contactos establecidos, no derivaron hasta ahora en ingresos concretos ni en un impacto económico verificable sobre las cuentas de FAdeA. “No entró un solo dólar”, sentenciaron empresarios proveedores de la fábrica.

Una renuncia que expone el fracaso de gestión en un sector estratégico

La eventual salida de Manco además abre un frente político delicado para el Gobierno. Su desembarco en FAdeA había sido impulsado como una apuesta personal de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, quien promovió su designación como parte del esquema de reorganización de compañías públicas encarado por la administración nacional.

Ahora, la crisis de gestión en la fábrica cordobesa dejó a Chaher atrapado en una situación incómoda: sostener a Manco implica cargar con el desgaste de una administración cuestionada y con resultados todavía insuficientes; desplazarlo significaría asumir el costo político de revisar una designación propia que había sido presentada como un caso testigo del nuevo rumbo de gestión en línea con las instrucciones de desregular y transformar el sector público impartidas por Federico Sturzenegger.

La danza de nombres y la apuesta de la Fuerza Aérea

La incertidumbre en torno de la conducción abrió además espacio para que distintos lobbistas institucionales comenzaran a mover piezas y posicionar candidatos propios dentro de la estructura de FAdeA.

Uno de los actores más activos en ese tablero es el jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), brigadier general Gustavo Valverde. Trajina por los despachos del ministro, teniente general Carlos Presti, y del general de brigada Jorge Puebla, secretario de Asuntos Militares, e impulsa sin tapujos al ex capitán Guillermo Ballesteros y también al brigadier retirado Walter Brun como eventuales nombres para asumir responsabilidades de peso dentro de la empresa.

En el caso de Ballesteros, dentro del sector aeronáutico reconocen que su nombre arrastra antecedentes negativos de su paso por Aerolíneas Argentinas que hoy aparecen como un lastre político y técnico para una eventual postulación en la fábrica militar cordobesa.

La Fuerza Aérea ya tiene representación en el directorio a través del brigadier Francisco Leguiza, actual comandante de Material de la FAA. Pero su situación tampoco quedó exenta de ruido político: su nombre apareció mencionado en el artículo-denuncia publicado por Clarín semanas atrás sobre presuntas irregularidades vinculadas con la adquisición de la aeronave Embraer ERJ-140 “55 Héroes”, un episodio que escaló hasta el Ministerio de Defensa y derivó en una denuncia penal que radicó el ex ministro Luis Petri en la justicia federal.

A ese escenario se suma otro dato que generó bronca puertas adentro de FAdeA. La propia Fuerza Aérea, cliente histórico de la fábrica y usuaria permanente de sus capacidades de mantenimiento, decidió recurrir recientemente a SEMAN Perú —Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú— para buscar asistencia técnica al C-130 Hércules matrícula TC-64 y adelantó cerca de 700 mil dólares. Utilizó el sitio comprex.faa.mil, una herramienta digital basada en la agregaduría de Defensa en Washington de uso exclusivo de la fuerza.

La decisión cayó mal entre trabajadores y mandos técnicos de la planta cordobesa. No sólo por tratarse de una aeronave emblemática dentro del sistema logístico militar argentino, sino porque FAdeA cuenta con habilitación de Lockheed Martin para prestar servicios sobre la flota Hércules y dispone de capacidades específicas para ese tipo de trabajos.

En ese marco, la contratación externa fue interpretada internamente como una señal contradictoria: mientras el Gobierno sostiene la necesidad de recuperar la sustentabilidad económica de la empresa y ampliar su facturación, la propia aviación militar nacional prescinde de contratar servicios considerados estratégicos y de alto valor agregado, precisamente uno de los segmentos clave para la recuperación financiera de la fábrica.

Ese cuadro cruzado de denuncias, intereses internos, disputas políticas y señales contradictorias explica por qué la asamblea evitó una definición inmediata y optó por pasar a cuarto intermedio. En el sector descuentan que la continuidad de Manco quedó severamente condicionada, pero al mismo tiempo advierten que cualquier reemplazo abrirá una discusión política más amplia sobre quién se queda con el control efectivo de una empresa estratégica para la defensa y para la industria aeronáutica nacional.

Por ahora no hay confirmación oficial. Pero en los pasillos de FAdeA y en los despachos vinculados al área de Defensa coinciden en una misma evaluación: la crisis ingresó en una etapa decisiva y la definición sobre el futuro de la conducción podría acelerarse en los próximos días.