Crimen en Pocito: La defensa de uno de los acusados habló de legítima defensa
La causa por el homicidio de Ricardo Fernando Caballero, ocurrido tras una violenta gresca en el barrio Las Pampas, en el departamento Pocito, sumó un nuevo capítulo con la audiencia de formalización realizada contra los dos principales imputados: Jonathan Hernán Arancibia y Alejandro Alexis Lara.
El hecho tuvo lugar luego de un enfrentamiento entre familias vecinas que, según la investigación, escaló en extrema violencia y terminó con Caballero herido de bala. El hombre fue trasladado con compromiso de órganos vitales y falleció menos de 24 horas después, lo que derivó en un cambio sustancial de la carátula judicial.
La versión de la defensa
Durante una entrevista radial, la abogada defensora de Lara, Fabiana Salinas, sostuvo que su cliente actuó en un contexto de legítima defensa, motivado por la necesidad de proteger a su familia y, especialmente, a sus hijos menores.
Según explicó, el conflicto tiene antecedentes de larga data entre familias colindantes y se habría iniciado ese día tras una discusión entre mujeres, vinculada —según la defensa— a un presunto maltrato hacia uno de los hijos de Lara. La situación derivó en agresiones físicas, destrozos en la vivienda del imputado y el lanzamiento de una bomba molotov en una habitación donde se encontraban menores.
Videos, disparos y pruebas en análisis
La defensora reconoció la existencia de videos difundidos en redes y portales digitales, aunque cuestionó su claridad. Afirmó que las imágenes no permiten determinar con precisión quién efectuó los disparos fatales ni con qué arma, y remarcó que las armas de fuego aún no fueron encontradas, al igual que los proyectiles que permitan un peritaje balístico concluyente.
En ese sentido, la defensa solicitó que la imputación por homicidio agravado sea considerada provisoria, hasta tanto se incorporen pericias, testimonios y pruebas técnicas que permitan reconstruir con exactitud la secuencia del hecho.
Salinas adelantó que cuenta con alrededor de 20 testigos, entre vecinos y allegados, además de registros fotográficos y documentales sobre los daños materiales sufridos en la vivienda de su defendido.
Prisión preventiva y clima de tensión
El juez de Garantías dispuso prisión preventiva para ambos imputados en el Servicio Penitenciario Provincial. La defensa de Lara solicitó que el cumplimiento fuera en una comisaría, alegando riesgos para su seguridad y amenazas previas contra la familia, pero el planteo fue rechazado debido a la gravedad del delito.
No obstante, Salinas confirmó que presentará una impugnación contra esa resolución. Además, indicó que la familia del imputado recibe custodia de Gendarmería debido a amenazas y hostigamientos que —según denunció— continúan registrándose, principalmente a través de redes sociales.
Una causa abierta y con un año de investigación
La investigación judicial tendrá un plazo de un año, durante el cual se buscará determinar responsabilidades, esclarecer quién efectuó el disparo mortal y si hubo participación de otras personas en el enfrentamiento.
Mientras tanto, el caso sigue generando conmoción en el barrio y mantiene en vilo a una comunidad atravesada por un conflicto que, según coinciden las partes, venía gestándose desde hace años y terminó con un desenlace trágico.
