Cuatro años y medio de prisión y una advertencia: “Que no sea un eslogan de hoy”

La condena a cuatro años y medio de prisión efectiva por dos hechos de abuso sexual contra niñas marcó un punto importante en una causa que atravesó distintas dificultades durante el proceso judicial. Sin embargo, para Serena Godoy, coordinadora del foro San Juan de la Red Infancia Robada, el fallo no representa el final de la historia. Por el contrario, abre una nueva etapa en la que el foco estará puesto en que la pena se cumpla efectivamente y en que los derechos de las víctimas sean contemplados.

Godoy explicó que la organización intervino luego de tomar contacto con las familias denunciantes, que hasta ese momento desconocían buena parte de las herramientas que les otorgaba la legislación. “Las familias no tenían absolutamente conocimiento de nada del proceso, no se les estaba informando”, sostuvo. A partir de ese acompañamiento, se les explicó la posibilidad de constituirse como querellantes para participar activamente de la causa y defender los intereses de las víctimas.

Uno de los momentos que generó mayor preocupación fue el período en el que el ahora condenado permaneció bajo prisión preventiva domiciliaria. Según relató Godoy, el domicilio se encontraba a unos 150 metros de una institución educativa a la que asistía una de las niñas víctimas. “Estaba con domiciliaria, pero estaba libre”, resumió, al señalar que incluso existían testimonios de personas que lo habían visto salir del domicilio para realizar compras. Para la coordinadora, esa situación se vinculó también con la falta de información que habían recibido las familias durante el proceso.

La llegada de una condena de cumplimiento efectivo es valorada, aunque Godoy puso el acento en lo que pueda ocurrir a partir de ahora. “Lo que también pretendemos es alzar la voz para que esta prisión efectiva sea efectiva”, afirmó. Y fue todavía más contundente: “Que no sea un eslogan de hoy, de la condena, y dentro de un mes lo veamos nuevamente en su domicilio”. En ese sentido, explicó que la querella tendrá entre sus funciones seguir de cerca las decisiones que puedan adoptarse durante la ejecución de la pena y controlar eventuales pedidos de beneficios o modificaciones en las condiciones de cumplimiento.

La coordinadora también cuestionó que el debate sobre los derechos humanos de las personas condenadas muchas veces deje en segundo plano a quienes sufrieron los delitos. “Siempre hablamos, cuando hablamos de los derechos humanos, de las personas que tienen una condena y que están en el penal, pero nadie habla de los derechos humanos de las víctimas”, planteó. Y agregó: “Parte de la reflexión que queremos hacer es que pese mucho más el derecho de las víctimas, de esos niños, niñas y adolescentes inocentes”.

Para las familias, además, los cuatro años y medio de condena resultan insuficientes frente a las consecuencias que dejan este tipo de delitos. “Nos parecen irrisorios para dos casos tan… y que las consecuencias son para toda la vida”, expresó Godoy. Aun así, remarcó que el objetivo inmediato es que la pena se cumpla tal como fue establecida y que durante esta nueva etapa también se tenga presente el acompañamiento psicológico y terapéutico que necesitan las víctimas y sus familias.