Denuncia penal contra directivos de CESAP por estafa y administración fraudulenta
Un grupo de damnificados presentó una denuncia penal contra integrantes de la comisión directiva de la Asociación Civil Centro de Suboficiales y Agentes de la Policía de San Juan (CESAP), en una causa que ya ingresó a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado Adolfo Holeywell y lleva la firma de Mario Rubén Villarreal, Luis Alberto Elgueta, Vicente Daniel Montori, Oscar Ramón Agüero, Carlos Omar Flores, Juan Carlos Montañez, Ricardo César Mallea, Ricardo Emilio Peña y Hugo Francisco González.
En el escrito, los denunciantes apuntan directamente contra Sergio Raúl Pérez, Jorge Luis Santander y Roberto Lucero, integrantes de la conducción de la entidad, a quienes responsabilizan por maniobras de administración fraudulenta y estafa.
Ocultamiento de documentación y falta de control
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la falta de acceso a documentación clave. Según se expone, se solicitó en reiteradas oportunidades la exhibición de libros contables y societarios —actas de asamblea, libro de caja, inventario y registro de socios— sin obtener respuesta.
Además, se advierte que esos registros no estarían disponibles o directamente habrían desaparecido, lo que impide cualquier tipo de control sobre la administración y configura un ocultamiento de información esencial.
También se describen irregularidades como decisiones adoptadas sin respaldo en actas, falta de convocatorias a asambleas y desorden administrativo.
Manejo irregular de fondos
La denuncia sostiene que CESAP fue utilizada como una estructura para manejar dinero por fuera de su finalidad, otorgando préstamos y realizando movimientos económicos entre particulares.
Este tipo de operatoria está expresamente prohibida para una asociación civil, por lo que se señala un desvío total del objeto social de la institución.
Según los denunciantes, la comisión directiva transformó la entidad en una organización con funcionamiento financiero, en perjuicio de sus integrantes y terceros.
Investigación patrimonial y secuestro de pruebas
En el petitorio, se solicita la inmediata apertura de la investigación y la imputación de los responsables.
Entre las medidas requeridas, se destaca el análisis del patrimonio de los denunciados —bienes, cuentas y movimientos— ante la sospecha de enriquecimiento indebido.
También se pidió el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, así como toda la documentación relevante para esclarecer los hechos.
A su vez, se solicitaron informes a organismos como Personería Jurídica, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Municipalidad de Rivadavia y la Caja de Acción Social.
La causa ya está en Fiscalía
La denuncia fue presentada el 6 de abril de 2026 y quedó formalmente radicada en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde comenzará el proceso de investigación sobre el manejo de la entidad.
El expediente pone en foco el funcionamiento interno de CESAP y abre un escenario judicial con posibles consecuencias penales para sus autoridades.
