Denuncian presuntas irregularidades en cursos mineros y estiman movimientos de hasta $20 millones
David Suárez, integrante de la Comisión Directiva de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, denunció presuntas irregularidades en el cobro de capacitaciones destinadas a personas interesadas en ingresar a la actividad minera. Según explicó, la entidad tenía como objetivo realizar “capacitaciones gratuitas para las personas que quisieran formar parte de la minería de nuestra provincia”, pero comenzaron a detectar que “se estaban cobrando ciertos cursos y no estábamos informados de esa situación”. El señalamiento apunta al presidente de la agrupación, Patricio Páez. “Tratamos de pedir reuniones de comisión. Eran esquivadas en todo momento las peticiones de nosotros”, afirmó Suárez, quien sostuvo que finalmente decidieron acudir a la Justicia porque “no nos quedó otra que poner en conocimiento” lo que estaba ocurriendo.
Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el destino de los pagos. Suárez aseguró que “los fondos estaban ingresando directamente a una cuenta personal de él y de su hijo” y pidió que se investiguen los movimientos bancarios registrados durante los últimos meses. “Han sufrido un movimiento importante esas cuentas, un incremento de dinero a partir de agosto, septiembre y parte de octubre”, manifestó. Aunque aclaró que todavía no tienen un monto definitivo, estimó que el movimiento económico bajo sospecha podría ubicarse “entre 15 y 20 millones” de pesos. Además, indicó que “fueron más de 100” las personas que habrían realizado las capacitaciones y que algunos cursos costaban entre $100.000 y $200.000. Suárez sostuvo que la comisión no había autorizado esos cobros y cuestionó que se utilizara el nombre de la agrupación para convocar a personas interesadas en conseguir una oportunidad laboral en el sector minero.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la validez de los certificados entregados a quienes pagaron por las capacitaciones. “Creemos que las certificaciones no son válidas, por eso damos a conocer también que la gente confió en algo que no era real”, expresó el dirigente. También afirmó que algunas actividades se habrían desarrollado “sin estar autorizado, sin matrícula, sin un aval administrativo que lo autorice a realizar esto”. Según su estimación, “el 80 o 70% de esos certificados que se han estado emitiendo no son legales”, aunque esa situación deberá ser determinada mediante la documentación correspondiente. Sobre los cursos realizados en instalaciones de Rawson, Suárez sostuvo que, según la información que maneja, el municipio habría facilitado un espacio, pero aclaró que no tenía conocimiento de que las autoridades municipales estuvieran al tanto de las presuntas irregularidades. “Nuestro trabajo siempre ha sido social, cursos gratuitos”, remarcó, al diferenciar las actividades que impulsaba la comisión de las capacitaciones cuestionadas.
Suárez anunció que los integrantes de la agrupación presentarían nuevos comprobantes de pago ante las autoridades judiciales, luego de que varias personas comenzaran a acercarles documentación. “A medida que la gente se ha estado enterando de esto, han empezado a compartirnos comprobantes de pago”, explicó. También señaló que la mayoría de los integrantes de la comisión directiva renunció y que el trámite de personería jurídica quedó detenido hasta que se resuelva el conflicto. Ante esta situación, pidió a la comunidad que tome precauciones antes de inscribirse en nuevas capacitaciones: “Nosotros le pedimos a la gente que no realice cursos hasta no estar bien informado”. Además, sostuvo que quienes abonaron por los cursos pueden acercarse a las autoridades para dejar constancia de lo ocurrido. La denuncia busca que se investigue el destino de los fondos, la validez de los certificados y las posibles responsabilidades de las personas involucradas, cuestiones que deberán ser determinadas por la Justicia.
