Discapacidad: aliados presentaron un proyecto para dejar atrás la emergencia y crear un sistema permanente
La diputada nacional Nancy Picón, junto a legisladores del PRO, la UCR, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, presentó este martes una propuesta para modificar el esquema vigente de emergencia en discapacidad y avanzar hacia un sistema de carácter permanente. El proyecto lleva el nombre de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” y plantea reemplazar la lógica de prórrogas sucesivas por un marco normativo estable. La iniciativa fue elaborada, entre otros legisladores, por Picón y será discutida en la Cámara de Diputados.
El texto establece que el sistema tenga una vigencia indefinida y contempla 20 artículos distribuidos en cuatro capítulos, con disposiciones generales, prestaciones, marco laboral, salud, capacitación, transparencia y disposiciones finales. Entre sus principales puntos aparece la ratificación permanente del nomenclador unificado y de los aranceles homogéneos, con un mecanismo de actualización vinculado a la movilidad de jubilaciones. También fija que la asignación presupuestaria destinada al área no pueda ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.
Otro de los aspectos centrales está relacionado con las pensiones por discapacidad y su compatibilidad con el empleo formal. La propuesta ratifica el derecho a una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio para quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad y establece que pueda mantenerse mientras los ingresos laborales no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En caso de pérdida del empleo, contempla la rehabilitación inmediata del beneficio. Además, incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con garantías de debido proceso.
La iniciativa también incorpora un mecanismo para atender la deuda con los prestadores: exige la publicación de un cronograma con fechas ciertas para cancelar las compensaciones pendientes y establece un plazo de 30 días hábiles para reglamentar la nueva ley. El debate se desarrollará en paralelo con otro proyecto que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta presentada por los bloques aliados, en cambio, busca que las principales herramientas del sistema queden incorporadas de manera permanente y que el financiamiento, los controles, las prestaciones y los mecanismos de actualización formen parte de un esquema estable.
