El agua que no llegó: Productores sanjuaninos denuncian el vaciamiento presupuestario de Hidráulica
Presidentes de Juntas de Riego, productores agrícolas y organizaciones del sector hídrico presentaron una nota formal ante el Ministerio de Infraestructura exigiendo explicaciones sobre la sub-ejecución presupuestaria de la Dirección de Hidráulica durante 2024 y 2025. Advierten posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales.
Una coalición de Juntas de Riego, cámaras de productores y organizaciones del sector hídrico de la Provincia de San Juan presentó el 5 de marzo de 2026 una extensa nota ante el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía denunciando un presunto desfinanciamiento estructural de la Dirección de Hidráulica.
El documento —de 28 páginas más anexos, firmado por decenas de dirigentes y solicitan informes detallados sobre la ejecución presupuestaria de los ejercicios fiscales 2024 y 2025, intima al Ministro Fernando Perea a responder en tiempo y forma, y reserva acciones judiciales, penales y ante el Tribunal de Cuentas si no hay respuesta satisfactoria.
LOS NÚMEROS QUE ALARMAN
El corazón del reclamo son los propios datos presupuestarios que los firmantes lograron recabar. Según el cuadro incluido en la nota, la sub-ejecución en las partidas principales de la Dirección de Hidráulica fue la siguiente:
En términos concretos, los peticionantes calculan que entre los tres rubros analizados se dejaron sin ejecutar aproximadamente 20.400 millones de pesos de crédito presupuestario autorizado por ley. La situación más grave se registra en la Fuente 12 (Recursos Propios), donde apenas se ejecutó el 16% del crédito vigente.
«La sub-ejecución en fondos con afectación específica, particularmente relevante en la Cuenta 13 (Consenso Fiscal), es de una gravedad inusitada, pues es el que financia habitualmente infraestructura hídrica, obras estratégicas y programas de inversión pública.»
¿QUÉ PIDEN LOS FIRMANTES?
El petitorio es amplio y concreto. Los firmantes solicitan al Ministerio que informe, de manera documentada y certificada, el crédito inicial, las modificaciones y el crédito vigente de los presupuestos 2024 y 2025; la ejecución devengada y pagada por las Cuentas 12 y 13; los actos administrativos que hubieran limitado o reasignado partidas; la deuda flotante vinculada al organismo; el estado de obras, programas y controles hídricos.
También piden que se remitan copias de planillas analíticas por objeto del gasto, informes trimestrales de ejecución, decretos de modificación presupuestaria, y que se informe si las partidas destinadas a Hidráulica fueron afectadas a otros fines.
Un punto especialmente sensible es la pregunta sobre si el Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó las cuentas de Hidráulica para los ejercicios 2023 y 2024, y si lo hizo con o sin observaciones. Los firmantes señalan que la falta de aprobación de cuentas en los últimos ejercicios «reviste particular importancia desde la perspectiva del control del gasto público.»
ACTAS DEL CONSEJO: UN HISTORIAL DE PEDIDOS IGNORADOS
El documento incorpora un detallado historial de actas del Consejo del Departamento de Hidráulica donde, desde enero de 2025, se registran sistemáticos pedidos de los Consejeros Regantes para que se ejecute el presupuesto asignado. Entre las situaciones más llamativas mencionadas:
En enero de 2025, el Consejo pidió al Director información sobre las Resoluciones para realizar perforaciones en Valle Fértil y obras en el Dique Pachimoco. En abril, una delegación de Juntas de Riego se presentó ante el propio Ministerio junto al Secretario General de la Gobernación, Lic. Emilio Achem, para reclamar el cumplimiento de compromisos. En junio, el Gobierno asumió un compromiso de 30.000 millones de dólares para obras. Sin embargo, en septiembre, los Consejeros seguían pidiendo «la solución legal para poder solucionar el problema de la no ejecución del recurso financiero disponible en la Fuente 12 de DH.»
En diciembre de 2025, la creación de un cargo político —»Subcoordinador Administrativo Financiero»— generó el «total desacuerdo» de los Consejeros Regantes. El historial muestra un patrón recurrente: pedidos reiterados, compromisos incumplidos y recursos sin ejecutar.
EL MARCO JURÍDICO: DE LO ADMINISTRATIVO A LO PENAL
Los firmantes no se limitaron a los números. El documento despliega un sólido andamiaje jurídico que va desde el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno (art. 9 de la Constitución Provincial) hasta posibles figuras del Código Penal.
En el plano administrativo, advierten que la sub-ejecución podría configurar violación del principio de legalidad presupuestaria, infracción al principio de especialidad del crédito, e incumplimiento del deber de ejecución eficiente. Citan jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y doctrina de Marienhoff, Cassagne y Gordillo.
En el plano penal, la nota reserva expresamente la posibilidad de promover acciones bajo los artículos 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público), 260 (peculado) y 261 (malversación por aplicación diferente) del Código Penal, así como el art. 173 inc. 7 sobre administración fraudulenta.
«En esta instancia no se formula imputación concreta, pero se deja expresa reserva de promover las acciones penales correspondientes en caso de verificarse irregularidades.»
EL AGUA COMO RECURSO ESTRATÉGICO
Los peticionantes enmarcan el reclamo en la importancia vital del agua para San Juan. La nota recuerda que el agua es un recurso estratégico para la producción agrícola, el desarrollo regional, la seguridad ambiental, la generación de empleo y el consumo humano. En esa línea, sostienen que administrar deficientemente la Dirección de Hidráulica no es un problema burocrático menor: «la administración del sistema hídrico provincial no es una función menor, sino estructural.»
La eventual desfinanciación, concluyen, podría comprometer el mantenimiento de canales y diques, el control de extracciones, la policía del agua, el cumplimiento del Código de Aguas (Ley 190-L) y la prevención de conflictos hídricos y ambientales.
QUIÉNES FIRMAN
La nota lleva las firmas de presidentes y representantes de múltiples Juntas de Riego —Chimbas, Caucete, 25 de Mayo, Pocito, Rawson, Sarmiento, Angaco, Iglesia, Jáchal, entre otras—, consejeros del Departamento General de Irrigación, productores vitivinícolas y agrícolas, y representantes de la Cámara de Productores Agrícolas de San Juan y de ASPROSEM.
El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía no había emitido respuesta pública al cierre de esta edición. Los firmantes otorgan un plazo perentorio para responder, bajo apercibimiento de iniciar acción por mora administrativa, acción de acceso a la información pública, denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
