El Comité de la ONU al que acudió Cristina Kirchner para ser candidata no trató su pedido y lo pasa para el año que viene

Las sesiones ordinarias del Comité de Derechos Humanos cerraron su calendario ordinario a principios de noviembre sin tratar ni emitir un dictamen sobre el reclamo que presentaron los abogados de Cristina Kirchner para que se revierta su condena y pueda ser candidata. La decisión complica la estrategia de la ex presidenta que busca volver a presentarse a elecciones

El reclamo podría ser tratado el año que viene. En paralelo, desde su defensa sostienen que el planteo está acompañado de tres medidas cautelares que podrían ser tratadas en cualquier momento. Allí es donde la ex presidenta deposita sus aspiraciones electorales en medio de la interna que protagoniza con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por la condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner se encuentra inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Y está condenada a seis años de prisión. Además, cómo publicó Clarín, fue excluida del padrón electoral en cumplimiento del fallo que la condenó. Está presa bajo la modalidad del arresto domiciliario en San José 1111.

A ese escenario se deben sumar dos hechos judiciales más. Enfrenta dos juicios más, el del caso Cuadernos y el de Hotesur – Los Sauces. Si la condenan, las penas se sumarán a las que ya acumula una vez que las mismas sean confirmadas por la Corte Suprema.

Pese a todo, la ex Presidenta inició una serie de acciones en instancia internacional para intentar revertir lo que la máxima autoridad jurídica de nuestro país ya dijo: que es responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo) un planteo central donde denuncian una serie de presuntas violaciones sustanciales al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), acreditan el agotamiento previo de las instancias judiciales en el país y solicitan la adopción de medidas cautelares urgentes.

El reclamo de fondo está acompañado, en consecuencia, de tres medidas cautelares para atacar tres aspectos puntuales: el derecho a votar y ser elegida. La presentación sostiene que el proceso penal tuvo como finalidad última la “proscripción electoral de la expresidenta para impedir futuras candidaturas electorales”, señalando que la pena de inhabilitación perpetua impuesta constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.

Lo cierto es que la condena a la ex presidenta fue confirmada por la Corte Suprema y según juristas, la decisión del Comite de la ONU no es vinculante ni puede interferir en la Justicia argentina. La inhabilitación especial, explicaron fuentes judiciales a Clarín, es “consecuencia directa del delito cometido y corroborado por todas las instancias judiciales”. Por otro lado, se recordó que en las diversas instancias de apelación, desde que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dictó la sentencia condenatoria, “jamás fue apelada por la defensa, la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos”, que se encuentra contemplada en el Código Penal.

Otro de los aspectos que a través de la medida cautelar buscan atacar los abogados de Cristina Kirchner fue denominado en la presentación como el “derecho a un juicio justo”. Sostienen que se le imputó una responsabilidad penal por “actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional” lo que habría privado a la imputada «de una adecuada defensa técnica”.

Los abogados de Cristina Kirchner piden ante la ONU que aparezca un “tribunal competente, independiente e imparcial”. Denuncian una presunta “violación de la garantía del juez natural, la utilización de maniobras de asignación irregular de expedientes (forum shopping) y la existencia de vínculos personales estrechos entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores, configurando tribunales carentes de imparcialidad”.

Pero lo cierto es que todos estos planteos fueron analizados y tratados a lo largo del proceso penal y resuelto en las respectivas instancias de revisión. Un dato que es relevante: nuestro sistema jurídico no cuenta con una cuarta instancia de revisión, una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncia, es la última palabra al respecto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU a lo sumo puede emitir una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional, pero nunca revertir un fallo del Poder Judicial.

La defensa insiste, sin embargo, en el “derecho a la revisión amplia de la condena”. Cuestiona que la Cámara Federal de Casación Penal no realizó un examen auténtico ni un control judicial efectivo sobre los agravios planteados en el recurso de casación, desvirtuando la garantía del doble conforme.

Cuestionan -entre otros aspectos- la “operatividad del sistema judicial recursivo”, haciendo foco en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino con una integración reducida a sólo tres ministros (lo que impediría un escrutinio independiente) y en que un magistrado recusado intervino en la resolución de su propia recusación.

Para los abogados de la ex mandataria, la vía recursiva quedó definitivamente clausurada el 10 de junio de 2025 con la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “quedando expedita la competencia del Comité de la ONU”. Sin embargo, la misma no constituye una instancia de revisión.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, compuesto por expertos independientes,es el encargado de supervisar la aplicación y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados que lo han ratificado.

Una vez ingresado el planteo, el Comité no emite un dictamen inmediato ni trata el fondo del asunto en la sesión inmediata. El procedimiento exige dar traslado al Estado denunciado para que presente sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, otorgándole a la defensa la oportunidad de responder, un trámite que suele demorar entre dos y tres años.

Según la información oficial, el período de sesiones ordinarias de otoño del Comité de Derechos Humanos (CCPR) concluyó sus actividades formales a principios de noviembre. Con el cierre de esta tercera y última sesión del calendario anual, se reanudarán el próximo período ordinario de sesiones, previsto para el primer trimestre del próximo año.

Esas cautelares buscan la suspensión de la inhabilitación perpetua, la integración del tribunal de casación constitucional, y la modificación de las condiciones de la prisión domiciliaria.