“El derecho de los chicos a estudiar está siendo afectado”: padres de colegios preuniversitarios irán a la Justicia Federal

Los padres de alumnos de los colegios preuniversitarios avanzarán con una estrategia judicial para reclamar por la continuidad educativa de sus hijos frente a las medidas de fuerza que vienen afectando el dictado de clases. El abogado Mariano Domínguez confirmó que asumió su representación y que ya trabaja junto a las familias para definir la presentación que llevarán adelante. “Hemos acordado desde el estudio asumir la representación de los padres en esta situación realmente angustiante que están viviendo”, explicó. Según detalló, el objetivo es defender el derecho de los estudiantes ante la posibilidad de que la interrupción de las actividades termine afectando el ciclo lectivo.

El abogado sostuvo que en el conflicto aparecen dos derechos de rango constitucional que deben ser ponderados: el derecho a la protesta y a la huelga por parte de los trabajadores, y el derecho de los alumnos a recibir educación. “Nosotros consideramos que está claramente siendo afectado”, afirmó al referirse al derecho a la educación. Domínguez remarcó además que “ningún derecho es absoluto” y que todos deben ejercerse respetando los derechos de terceros. En esa línea, anticipó que la vía judicial será utilizada para determinar dónde debe trazarse ese límite y evitar que el conflicto salarial termine perjudicando a los estudiantes.

Uno de los argumentos que estudian los padres está relacionado con la legislación que establece a la educación como servicio básico y fija un piso de actividad. Domínguez confirmó que el porcentaje mencionado durante la entrevista es del 75% y sostuvo que se trata de “la última legislación que estableció la educación como servicio básico”, con parámetros sobre el nivel mínimo de funcionamiento. A esto se suma que los colegios preuniversitarios dependen de una universidad nacional, por lo que, según explicó, cualquier reclamo judicial debe tramitarse en el ámbito federal. “Todo planteo tiene que ir dirigido hacia el ámbito federal”, señaló, y aclaró que ni los jueces provinciales ni la Defensoría del Pueblo de la provincia tendrían competencia sobre esta situación.

Domínguez explicó que los padres sí cuentan con legitimación para reclamar judicialmente en representación de sus hijos y que el equipo legal está analizando distintas alternativas. Entre ellas aparece el recurso de amparo, aunque no es la única opción considerada. “Un amparo es una de las cosas que estamos analizando, una de las vías posibles, no es la única posible”, detalló. También mencionó como alternativa una presentación contencioso-administrativa, cuya conveniencia dependerá del análisis de los antecedentes y de las actuaciones realizadas hasta el momento.

La presentación todavía se encuentra en etapa de evaluación, pero el abogado remarcó que el tiempo es un factor importante debido al impacto que puede tener la interrupción de clases sobre el año escolar. “No puede pasar mucho tiempo de esto, esto es algo que debe avanzarse rápidamente”, sostuvo. Domínguez confirmó además que trabaja junto al doctor Saavedra en la representación de las familias y que mantendrán informados a los padres sobre cada paso del proceso. El objetivo central, reiteró, es que el reclamo llegue a la Justicia Federal para que se analice la posible afectación del “derecho que tienen los chicos a desarrollarse, a educarse”.