El día que cambió el mundo

La invasión de 2003 demostró que Estados Unidos podía derrotar a un ejército convencional y derribar en cuestión de semanas al régimen de Saddam Hussein, al que acusaba de poseer armas de destrucción masiva. Esas armas nunca fueron encontradas. La caída del líder, que gobernó durante más de dos décadas, abrió un período de violencia sectaria e inestabilidad que favoreció especialmente a Irán, país vecino de Irak y rival histórico de Estados Unidos.

Con el régimen iraquí eliminado, Teherán ganó influencia política y estratégica sobre un territorio que durante un largo ciclo había funcionado como uno de sus principales contrapesos regionales. Mientras Washington intentaba reconstruir políticamente el país que había ocupado, Irán ampliaba su capacidad de influencia en Irak y, con ella, su peso en Medio Oriente.

En tanto, Afganistán terminó exponiendo una limitación similar. Tras la invasión de 2001 y la expulsión de los talibanes del poder, Estados Unidos buscó construir un nuevo Estado afgano, mientras estos reorganizaban su insurgencia. La guerra se prolongó durante casi dos décadas y, pese a la superioridad militar estadounidense, éste nunca logró consolidar un gobierno estable ni derrotar definitivamente al movimiento. En 2021, con el retiro de las tropas estadounidenses, los talibanes avanzaron rápidamente y retomaron Kabul.

Más allá de eso, la estrategia antiterrorista produjo resultados concretos: Al Qaeda fue severamente debilitada, Osama bin Laden murió en 2011 y Estados Unidos desarrolló capacidades de inteligencia y seguridad mucho más sofisticadas, sin volver a sufrir un ataque de escala comparable en su territorio. Al mismo tiempo, el terrorismo evolucionó hacia organizaciones más descentralizadas y capaces de aprovechar las nuevas tecnologías.

La superpotencia podía ganar una guerra. El problema era ganar la paz.

El 11-S no destruyó la hegemonía estadounidense, pero modificó la forma en que Washington utilizaba su poder. Durante casi veinticinco años, su política exterior quedó dominada por una amenaza terrorista que podía producir enormes daños humanos y políticos, pero que carecía de la capacidad económica, tecnológica y militar para disputar la posición global de Estados Unidos.

El cambio no ocurrió solamente fuera de Estados Unidos. El Patriot Act, aprobado pocas semanas después del atentado para ampliar las facultades de vigilancia e investigación del Estado, junto con la creación del Departamento de Seguridad Nacional y la expansión de las capacidades de inteligencia, modificaron profundamente la relación entre seguridad y libertades civiles. La guerra contra el terrorismo dejó de ser solamente una política exterior y pasó a convertirse en una característica permanente del Estado estadounidense.

Aunque hubo otro costo: la legitimidad. Guantánamo, el centro de detención estadounidense creado después del 11-S en Cuba, y Abu Ghraib, la prisión iraquí donde se documentaron graves abusos contra detenidos, se convirtieron en símbolos de una política de seguridad que chocaba con la defensa estadounidense de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. El poder material de Washington permaneció intacto, pero su autoridad política comenzó a ser mucho más discutida.

Mientras Estados Unidos estaba concentrado en derrotar insurgencias, reconstruir Estados y combatir redes terroristas, otras potencias empezaron a contar con mayor margen para consolidar posiciones y ampliar su influencia. Por ejemplo, China aceleraba su ascenso económico y tecnológico, Rusia recuperaba capacidades militares y voluntad geopolítica, Europa volvía a enfrentar tensiones de seguridad que terminarían desembocando en la guerra de Ucrania y África adquiría una importancia creciente por sus recursos estratégicos y su posición en la competencia entre potencias.

Si bien Estados Unidos seguía siendo la potencia dominante, el mundo sobre el que ejercía esa hegemonía estaba cambiando más rápido que su estrategia. Una de las mejores maneras de observar esta transformación es analizar lo ocurrido en América Latina. Después del 11-S, la región perdió peso en su agenda estratégica. Esa modificación de prioridades tuvo consecuencias políticas que excedieron la relación con Estados Unidos y terminaron alterando el margen de autonomía de los gobiernos latinoamericanos.

El caso mexicano es casi simbólico. Apenas seis días antes de los atentados, George W. Bush y Vicente Fox se reunían en Washington. La relación bilateral atravesaba uno de sus momentos más prometedores y se discutían migración, comercio y una agenda de integración norteamericana más ambiciosa. Después del 11-S, aquella agenda quedó subordinada a la seguridad fronteriza.

En América del Sur, la nueva estrategia de seguridad estadounidense tuvo un impacto especialmente visible en Colombia. Washington profundizó la cooperación militar, financiera y de inteligencia con Bogotá para combatir a las FARC y otras organizaciones armadas, mientras la lucha contra el narcotráfico comenzó a integrarse cada vez más al combate contra el terrorismo. Colombia se convirtió así en uno de los principales socios de Estados Unidos en la región.

Al mismo tiempo, la menor atención de Washington coincidió con un período de fuerte impulso a la autonomía latinoamericana. Varios gobiernos de izquierda y centroizquierda buscaron ampliar el margen de maniobra regional y reducir la dependencia de Estados Unidos mediante nuevas formas de concertación política, integración económica y cooperación.

Ese proceso dio lugar a una gran proliferación institucional: la Comunidad Sudamericana de Naciones, antecedente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Banco del Sur y, posteriormente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

También avanzaron proyectos de integración física y energética, como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), mientras el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina redefinían sus agendas. La cooperación comenzó a incorporar dimensiones políticas, financieras, energéticas y de infraestructura, buscando construir mayor capacidad regional propia.

En ese mismo período, China multiplicó su comercio, sus inversiones y su presencia política en América Latina. No ocupó simplemente un vacío dejado por Washington: llegó impulsada por sus propias necesidades de alimentos, energía, minerales, infraestructura y mercados. Pero encontró una región en la que Estados Unidos había reducido su atención estratégica relativa. En apenas dos décadas, el gigante asiático pasó de ser un actor comercial secundario a convertirse en un socio económico central para buena parte de Sudamérica.

Pero este escenario comenzó a modificarse nuevamente en 2025, cuando la segunda administración de Donald Trump volvió a colocar al hemisferio occidental en el centro de su política exterior. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reivindicó explícitamente la Doctrina Monroe y planteó impedir que potencias extrarregionales consoliden posiciones estratégicas en América Latina y el Caribe, en una referencia directa a la creciente presencia de China.

El mundo que encuentra Washington veinticinco años después es muy distinto al que quedó atrás. El orden internacional es hoy más fragmentado, la competencia entre potencias volvió a ocupar el centro de la política mundial y Estados Unidos debe ejercer su poder en un contexto que ya no controla con la misma facilidad. Su desafío será definir qué lugar ocupará en un sistema internacional que, definitivamente, se rige por otras reglas.