El Gobierno impulsa cambios para liberar la compra a extranjeros
El informe final del Consejo de Mayo plantea revertir la restricción que rige desde la sanción de la ley en 2010. Además, impulsa la eliminación de las restricciones a la producción agropecuaria en terrenos en los que se registraron incendios.
Todas las reformas tienen por objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo, en Casa Rosada.
Cambios a la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques
El informe del Consejo de Mayo también propone cambios a la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, a la que consideran como una “intromisión sobre la propiedad privada del sector agropecuario”. Una de las críticas a la norma vigente argumenta que, si hay un incendio, aún si es accidental, los dueños o locatarios de un campo “no pueden alterar su finalidad productiva entre 30 y 60 años posteriores al incendio”.
“Los productores pueden sufrir una catástrofe doble: además de sufrir un incendio, no pueden adaptarse a los cambios productivos, lo que disminuye su capacidad para recuperarse económicamente y reduce el valor de su campo” critican los representantes del organismo.
Por lo anterior mencionado, impulsan la derogación de los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quáter, argumentando que estos «castigan injustamente al propietario». En ese marco, proponen retrotraer el 22 bis a su redacción original, previa al 2020, ya que considera como «desproporcionadas e innecesarias» a las prohibiciones actuales.
Por último, proponen flexibilizar la Ley de Bosques (Ley 26.331) para facilitar el manejo sostenible y el desmonte en ciertas áreas. Solo los desmontes o manejos sostenibles en zonas de alta conservación (categorías I -roja- y II -amarilla-) seguirán requiriendo autorización previa. En las zonas de menor impacto ambiental (categoría III -verde-), los productores solo deberán informar su actividad a la autoridad.
“Esta modificación busca agilizar los procedimientos administrativos y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en áreas donde el impacto ambiental es menor, manteniendo al mismo tiempo mecanismos de control y registro adecuados”, argumentan.
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