El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias y fijó un temario con Presupuesto 2026 y reformas clave
El Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto que formalizó la convocatoria. El oficialismo El oficialismo busca aprobar varias reformas clave para la segunda mitad del mandato de Javier Milei.
El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre, con un listado de seis proyectos que integrarán la agenda legislativa. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 865/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El temario incluye el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, considerado por el Ejecutivo como la señal inicial de orden fiscal hacia los mercados. La intención oficial es lograr la media sanción el miércoles 17, con eventuales ajustes que no afecten la meta de equilibrio, condición que el Gobierno ya dejó planteada frente a posibles negociaciones.
La convocatoria también incorpora la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a revisar parámetros tributarios y el régimen simplificado del impuesto a las ganancias. El proyecto prevé elevar el monto a partir del cual se configura fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción.
En el paquete figura, además, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, junto con el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo enviará durante el período extraordinario. Esta iniciativa forma parte del conjunto de reformas debatidas en el Consejo de Mayo, cuyos integrantes fueron citados para este martes a las 13.30, tras recibir el borrador del informe final con conclusiones de los encuentros del año.
Otro de los ejes que llegarán al recinto es la reforma del Código Penal. El Gobierno propone endurecer penas, ampliar el listado de delitos y modificar criterios de prescripción, excarcelación y agravantes.
Finalmente, el decreto incluye un proyecto para actualizar la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar. La revisión responde a pedidos de provincias de Cuyo y del Norte, que reclaman una normativa que les permita definir sus propias zonas periglaciares y avanzar en proyectos mineros.
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