Escándalo en el Acueducto: Informe técnico asegura que los caños no son aptos para agua potable y apunta a un millonario perjuicio

Un informe técnico clave encendió todas las alarmas en torno al Acueducto Gran Tulum. La consultora Interacción, con certificación de Bureau Veritas, concluyó que las tuberías instaladas no fueron diseñadas para transportar agua potable, sino para sistemas cloacales y desagües. El dato no es menor: según el documento, los materiales utilizados no son aptos para el consumo humano e incluso podrían liberar partículas potencialmente tóxicas.

El estudio fue encargado por OSSE y será incorporado como prueba documental en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. La causa apunta a posibles irregularidades en la licitación, la calidad de los insumos y el destino de fondos públicos en una obra estratégica que demandó al menos 1.300 millones de pesos solo en cañerías.

El Acueducto Gran Tulum fue concebido para garantizar el abastecimiento de agua potable a una población proyectada de un millón de habitantes. Se financió con un crédito de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, que la Provincia ya comenzó a devolver. Sin embargo, la aparición de este informe pone en duda la viabilidad de toda la obra.

La empresa alemana Krah, adjudicataria de las licitaciones para proveer los caños, quedó en el centro de la escena. Su apoderado era Gustavo Monti, vinculado además a PVC San Juan SRL. Ya durante el proceso licitatorio, una firma competidora había advertido sobre el carácter experimental de las tuberías ofrecidas y cuestionado que la oferta superaba el presupuesto oficial.

La investigación judicial, encabezada por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, ya acumula más de 100 cajas de documentación aportadas por OSSE. A esto se suman los resultados de una inspección ocular reciente sobre distintos tramos del acueducto. No se descartan nuevas medidas, como pedidos de documentación a empresas privadas e incluso allanamientos.

En paralelo, OSSE solicitó la intervención del INTI para una segunda evaluación técnica. Si este organismo confirma las conclusiones del primer informe, el escenario sería crítico: las tuberías deberían ser retiradas, la obra quedaría paralizada y la Provincia continuaría pagando el crédito internacional sin contar con los recursos para reemplazar los materiales.

El caso, que ya es conocido como “Acueducto Gate”, expone una combinación explosiva de fallas técnicas, decisiones administrativas cuestionadas y un fuerte impacto económico. La resolución judicial será determinante para establecer responsabilidades en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la provincia.