Especialistas opinan sobre la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tambalea en Diputados
A 50 días de la cadena nacional en donde anunció la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”, para disuadir a compañías para que se inhiban a realizar actividades hidrocarburíferas en aguas argentinas, el proyecto ingresó en un limbo de indefinición. La reciente -y paradigmática- intervención estadounidense en el debate, la inclusión de 93 (de 133) artículos referidos a seguridad interior y las negociaciones cruzadas abren interrogantes sobre el futuro que tiene en Diputados esta herramienta legislativa, presentada como un aporte para el reclamo por las islas Malvinas.
Las últimas definiciones sobre el proyecto las dio el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que hubo una reunión entre la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, con diputados de distintos bloques, donde recibió aportes del PRO, el MID y el PJ. La principal novedad sería el acompañamiento de un sector del peronismo y, dado que el oficialismo hasta ahora desechó la solicitud de Unión por la Patria de fragmentar la ley para que sólo permanezcan los artículos vinculados a las islas (40), la referencia alcanzaría a justicialismos provinciales que aún no intervinieron en comisiones.
“Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible”, fue otra de las manifestaciones de Ravier. La fecha del nuevo plenario es el 27 de octubre a las 16 horas, tras una reunión suspendida y otra improcedente, con la presencia de un sólo invitado. El motivo de la parálisis del tratamiento durante dos semanas apunta a los resquemores que provocó la redacción en el gobierno estadounidense, por potenciales sanciones a sus compañías, lo que generó una visita exprés del subsecretario de Estado Christopher Landau, que se reunió dos veces con el canciller Quirno y una con el presidente Milei. ¿Se verá la mano de Landau en la redacción de la ley por la “Defensa de la Soberanía Nacional»?
Por lo pronto, los cambios adelantados serían la delimitación de las referencias a la “manipulación de la opinión pública” que penaliza la ley y la búsqueda de mayor incidencia parlamentaria. En este último caso, se habló de una Comisión Bicameral, la opinión del Congreso posterior a una acción bélica o la participación de los presidentes de ambas Cámaras en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que no modificaría su conformación oficialista. En simultáneo, diputados de Unión por la Patria presentaron dos iniciativas para responder a la decisión de Chile de transportar insumos en noviembre desde Punta Arenas hasta las islas Malvinas: instaron a remover los tratados de reciprocidad y a convocar al embajador chileno en el país. Ninguna de las propuestas fue considerada aún para su debate.
La mirada de especialistas
“No sé todavía cómo nadie se tomó un avión a Chile para disuadirlos con un mejor negocio”, señaló una fuente diplomática consultada por Ámbito, que también se expresó sobre la demanda argentina al Tribunal del Mar con la expectativa de un fallo favorable en torno a la defensa de los recursos naturales: “Seguro se declare incompetente porque lo que hay de fondo es una disputa de soberanía. Si se logra una cautelar, se puede ganar tiempo. Es lo que hay que hacer: armar quilombo, hacer ruido y tener una estructura de lobby en medios británicos, porque se acelera el proceso de extracción”.
En consonancia, la exembajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, le relató a este medio una anécdota del 2013 tras la sanción de la vigente ley 26.915 de sanciones: “Hicimos un gran conferencia de prensa en Londres con medios especializados y dimos difusión a la posición argentina al respecto de actividades ilícitas. Enviamos cientos de cartas a empresas, accionistas y bancos. Tuvimos una respuesta muy sólida de British Petroleum, que envió a la embajada a un alto funcionario para decirnos que no pensaban explorar ni explotar en las islas Malvinas, sino respetar la ley argentina. Por lo tanto, sí creo que las sanciones tienen efecto disuasorios cuando hay un Gobierno creíble que lleva adelante procesos sancionatorios”.
En ese sentido, Castro consideró que «no era en absoluto necesario imponer nuevas sanciones. Habría que preguntarse por qué Milei suspendió los procesos sancionatorios que se estaban llevando a cabo y no hizo absolutamente nada durante sus primeros tres años del Gobierno”. Su mirada coincidió con la expresada por el combatiente y exdirector del Museo Malvinas, Edgardo Esteban: “En todo caso, se tendría que haber reforzado la ley que ya está o actuar con esa legislación que ya tenemos, porque este debate en el Congreso sólo está dilatando la situación mientras las dos empresas que operan en Sea Lion, Navitas y Rockhopper, siguen avanzado en la construcción de esos 23 pozos petroleros”.
Esteban pidió incluir la perspectiva ambiental al reclamo contra la extracción hidrocarburífera, dado que “con la turbulencia que hay en el Atlántico sur, no se presentó ninguna garantía de que no va haber una ruptura y que pueda generar un grave problema ecológico”. Otras de sus sugerencias fue regresar a lo planteado en el decálogo de Malvinas consensuado en el 2012, bajo el nombre de Acuerdo de Ushuaia, por todas las fuerzas políticas de ambas Cámaras, en donde se hacía énfasis en el rol del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
En el organismo internacional, Alicia Castro recuperó el proceso exitoso de reclamo de Mauricio sobre las islas de Chagos y pidió abrir puertas de diálogo con Escocia, Gales, Irlanda del Norte: “Con estas tres naciones, que están conjuntamente reclamando su independencia del gobierno central, sería muy importante estar haciendo gestiones respecto a la cuestión Malvinas. Esa es otra instancia que se está desaprovechando”. “Los EEUU no tienen nada que ver con las islas y Trump no tiene ninguna herramienta para devolver la administración argentina a Malvinas”, agregó la exembajadora, en sintonía con otro diplomático que remarcó el valor de la estrategia multilateral: “Está estudiado que las personas británicas menores de 40 años casi no saben qué son las islas. Esta debe ser una política de largo tiempo para crear una circunstancia, hasta que aparezca. Trump no es esa circunstancia”.
La seguridad interior dentro de la “Defensa de la Soberanía Nacional”
Cuando explican por qué más de dos tercios del proyecto de ley no remite a las islas Malvinas sino a causas de seguridad interior, Ibarzábal Murphy consideró que «tenemos legislación que ha quedado obsoleta y creemos que hay que modernizarla«. Las opiniones no oficialistas que se dan a conocer se separan de esa consideración. “Las Malvinas son la excusa. Este es un caballo de Troya para reimponer la doctrina de seguridad nacional para aumentar la vigilancia”, consideró Castro, al referirse a la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente y compuesto por miembros del Gabinete y la SIDE, con la capacidad de tomar sanciones internas y externas inconsultas a miembros de otros poderes.
“Esto es inconstitucional porque atribuye potestades al Consejo que la Constitución solo reserva al Presidente en materia de seguridad interior y exterior. Además, de manera general le permite tomar medidas que restringen derechos bajo el supuesto de una situación excepcional, sin intervención del Congreso”, opinó para este medio Andrés Gil Domínguez, constitucionalista y posdoctor en Derecho. Asimismo, se refirió al artículo 105, que penaliza contribuciones extranjeras a los partidos políticos («mientras los fondos sean trazables y auditables es irrazonable la prohibición, porque no hay afectación alguna de la seguridad nacional») y al artículo 88, que condena amenazas a la seguridad nacional («implica una tipo sancionador administrativo amplio e indeterminado con problemas estructurales»).
Gil Domínguez opinó a su vez del artículo 111, que entró en discusión porque establece penas de prisión por «alterar procesos electorales o manipular la opinión pública». “Aparece sin ninguna clase de vinculación ni respaldo argumental en los fundamentos del proyecto la creación de un tipo penal abierto e indeterminado con penas muy altas que no se condice con el principio de legalidad penal y que implica una forma de censura previa a través de la intimidación o percepción de riesgo respecto de poder expresarnos libremente». «La indeterminación se agrava porque la figura no exige necesariamente la producción de un resultado lesivo concreto, sino que alcanza a las actividades que ‘procuren’ alterar procesos electorales o manipular la opinión pública, desplazando hacia la interpretación judicial la determinación de los límites efectivos de la conducta punible”, añadió.
A la espera de la definición del plenario de la próxima semana, se conjugan tres cuestiones: la necesidad de conocer avances en las sanciones con los actuales instrumentos, la confluencia de proyectos complementarios para malvinizar y la capacidad del oficialismo para alcanzar voluntades, más aún durante las actuales negociaciones por el Presupuesto 2027. La principal oposición ya anticipó que podría volcar sus votos al proyecto libertario si se mantienen únicamente los primero 40 artículos, enfocados en Malvinas. Resta conocer si el Gobierno buscará acudir a las herramientas que le vienen permitiendo obtener sanciones más ajustadas o si repetirá una imagen de la última sesión, en donde aprobó con consensos la ley para fondos por discapacidad con 237 votos.
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