Fiscalía de Estado: Estudian aplicar demanda civil y menores a institutos por las amenazas de bomba

El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, confirmó que el organismo analiza aplicar acciones civiles contra adultos y padres de menores que resulten responsables de las recientes amenazas de bomba que paralizaron escuelas, hospitales y hasta espectáculos masivos en la provincia.

“Estos casos no pueden tomarse como una broma. Generan un daño enorme al Estado y a la sociedad”, advirtió el funcionario en diálogo con la prensa.

Según explicó, el plan en estudio no se limitará a cobrar los gastos operativos de los protocolos de seguridad activados, sino que se avanzará en la reparación integral del daño. “Paralizar un hospital, un centro cívico o una escuela no es un chiste. Se afectan cirugías programadas, el trabajo docente, la atención en salud y hasta la tranquilidad de familias enteras”, precisó.

Dávila señaló que en los casos de menores, la estrategia apunta a que los padres o tutores asuman la responsabilidad. “No se trata de que se escuden en la edad. Estamos evaluando todas las alternativas para que quienes ejercen la patria potestad se hagan cargo de estas conductas”, indicó.

El fiscal confirmó que también se estudia aplicar el modelo de justicia restaurativa juvenil, impulsado por la Corte de Justicia, que busca la reeducación y reinserción social de los jóvenes infractores mediante talleres, cursos y un abordaje integral con familias y vecinos. “Un chico de 14 años sabe muy bien lo que está haciendo cuando amenaza con una bomba. No basta con una advertencia, hace falta un tratamiento más profundo para evitar la reincidencia”, remarcó.

En el caso de los adultos, Dávila anticipó que el Estado iniciará demandas civiles por daños y perjuicios. “No es solo el costo del operativo. Hay que considerar el impacto general: el espectáculo de Lali Espósito que fue interrumpido, las clases suspendidas en cinco escuelas agrotécnicas al mismo tiempo, o el pánico generado en familiares de pacientes en terapia intensiva. Todo eso es un perjuicio millonario”, sostuvo.

El funcionario reveló que en el plazo de dos semanas esperan definir un plan concreto con medidas ejemplificadoras. En paralelo, impulsará reuniones con la Ministra de Educación y con el Poder Judicial para trabajar en campañas de concientización en escuelas y la puesta en marcha de programas restaurativos.

“Lamentablemente tenemos que ir por la vía del castigo, pero también queremos que haya un cambio educativo y social. No podemos seguir permitiendo que por una broma se paralice la vida de la provincia”, concluyó el fiscal.