Gran Tulum bajo la lupa: El vicegobernador advierte que el Estado podría ser querellante si hay irregularidades
La investigación sobre el acueducto Gran Tulum sigue abierta y, aunque los tiempos administrativos se dilatan, el vicegobernador dejó una definición clave: si se comprueban irregularidades en la ejecución de la obra durante la gestión anterior, el Estado podría presentarse como querellante en la causa penal ya iniciada.
En una entrevista radial, el presidente nato de la Cámara de Diputados reconoció que la comisión investigadora enfrenta dificultades para acceder a la documentación técnica y financiera requerida a los organismos intervinientes. “Tiene cierta complejidad recabar los datos. Tampoco es imposible. Se está trabajando”, sostuvo.
El funcionario explicó que ya existen pedidos de informes en curso y que la Legislatura aguarda respuestas de entes como el OSSE y otros organismos vinculados a la obra. Sin embargo, subrayó que el escenario cambió desde el momento en que se radicó una denuncia penal.
“Al estar el mismo tema encausado judicialmente, deja de tener razón iniciar una segunda causa por el mismo motivo. Si recibimos documentación y vemos algún tipo de ilegalidad, lo que corresponde es incorporarla a la causa ya iniciada”, señaló.
El foco en la responsabilidad patrimonial
Consultado sobre qué ocurriría si se detectan perjuicios económicos, fue contundente:
“Si se encuentran irregularidades, el Estado podría hacerse parte como querellante, porque el perjudicado es el Estado. Y el Estado somos todos nosotros”.
La afirmación marca un posicionamiento institucional relevante frente a una obra de inversión millonaria ejecutada durante la gestión de Sergio Uñac, hoy bajo análisis político y judicial.
El vicegobernador evitó anticipar conclusiones, pero dejó claro que, de acreditarse daño patrimonial, la actual administración no se limitaría a observar el proceso desde afuera.
Comisión investigadora y causa penal
Sobre los tiempos, no fijó plazos concretos para que la comisión legislativa emita resultados. Admitió que la dinámica diaria de la gestión muchas veces desplaza prioridades, aunque ratificó el compromiso de avanzar.
También deslizó una lectura política: con la causa ya judicializada, el peso central de la definición pasará por los tribunales.
En un año atravesado por reformas institucionales y debate político de fondo, el expediente del Gran Tulum se mantiene como uno de los temas más sensibles de la agenda pública. Y la posibilidad de que el Estado intervenga activamente en la causa eleva la temperatura de un caso que todavía promete capítulos por escribirse.
