“Hay una maniobra de administración fraudulenta”: El abogado César Jofré apuntó contra la conducción del CESAP
La denuncia penal contra la comisión directiva del Centro de Suboficiales y Agentes de la Policía de San Juan (CESAP) tomó un fuerte impulso con las declaraciones del abogado César Jofré, quien representa a los denunciantes y expuso con dureza el cuadro de situación. “Entendimos que se podría estar hablando de una administración fraudulenta”, afirmó, al explicar el encuadre de la presentación realizada ante la UFI de Estafas.
Según detalló, la denuncia se originó tras el testimonio de siete asociados que detectaron presuntas irregularidades en el manejo de la institución. En ese marco, enumeró que “se habrían vendido lotes en 2024, se habrían ocultado libros de socios y actas de asamblea, y se habrían realizado ventas sin autorización”, al tiempo que advirtió sobre movimientos económicos llamativos: “Se habla de un importe de 20 millones que habría sido donado a otra institución”, lo que abre interrogantes sobre el destino de los fondos.
El planteo también pone el foco en el funcionamiento interno del CESAP, que —según la acusación— habría excedido sus facultades legales. “Se entregaron préstamos entre asociados, cuestión que no se puede realizar. Actuaron como una entidad financiera”, sostuvo Jofré, y en la misma línea agregó que “también actuaron como inmobiliaria, asociándose con una empresa constructora para realizar desarrollos”, lo que refuerza la hipótesis de maniobras incompatibles con una asociación sin fines de lucro.
Entre los hechos más sensibles aparece el caso de una docente de Caucete, quien habría resultado beneficiaria de una vivienda a través de un bono contribución. Sin embargo, el abogado fue categórico: “La ganadora fue una docente y a la fecha no tiene ni la casa ni el lote”, pese a que la entrega estaba prevista para diciembre de 2025, lo que configura —según planteó— un perjuicio concreto y verificable.
La denuncia apunta directamente a las máximas autoridades de la institución: el presidente Sergio Raúl Pérez, el secretario Santander y el tesorero Lucero. “Nosotros acompañamos la prueba que aportaron los denunciantes y entendemos que es contundente”, afirmó el letrado, quien además anticipó que la causa podría escalar. “Cuando hay este tipo de ilícitos, en definitiva los damnificados son todos los asociados”, advirtió, y dejó abierta la posibilidad de que más personas se presenten en la causa si consideran vulnerados sus derechos.
