Intendente riojano afirmó: «La prioridad es de San Juan en vicuña y no de nuestra provincia»
El conflicto por el impacto del proyecto minero Proyecto Vicuña sumó una voz clave desde La Rioja. El intendente de Villa Unión, Hugo Páez, expuso con crudeza la situación que atraviesan trabajadores y prestadores de servicios de Guandacol, pero dejó una definición que ordena el debate: el reclamo laboral es legítimo, aunque legalmente la prioridad corresponde a San Juan.
La declaración se dio en medio de la incertidumbre que generó el fallo judicial y las posibles restricciones al tránsito hacia el proyecto, lo que pone en riesgo la actividad económica indirecta que se genera en el oeste riojano.
Preocupación por el trabajo y el impacto económico
Páez detalló que alrededor de 140 trabajadores de Guandacol están vinculados directa o indirectamente al movimiento que genera la minería, además de otros sectores como comercios, cabañas y servicios.
El jefe comunal remarcó que la situación es crítica en el departamento Felipe Varela, donde la caída del turismo y el retroceso de otras actividades golpearon fuerte a la economía local.
En ese contexto, explicó que el temor principal es la pérdida de empleo si se limita la circulación o se frena la actividad vinculada al proyecto.
Falta de diálogo y reclamos locales
El intendente también dejó entrever falencias en la relación con la empresa, al señalar que no existen acuerdos claros con el municipio y que la información llega “a cuenta gotas”.
Además, mencionó promesas incumplidas, como la construcción de un bypass para evitar el tránsito pesado por Guandacol, una obra que aún no se concretó.
En paralelo, los trabajadores elevaron un escrito reclamando soluciones y advirtiendo sobre el impacto social que tendría una eventual paralización.
La definición clave: prioridad sanjuanina
Sin embargo, el tramo más contundente de su postura llegó al analizar el fondo del reclamo. Páez fue categórico:
“Si la mina está en San Juan, se van a respetar las leyes de San Juan”.
El intendente reconoció que existe normativa en esa provincia que prioriza la contratación de mano de obra y proveedores locales, lo que deja a La Rioja en una posición secundaria desde el punto de vista legal.
En ese sentido, marcó una diferencia clara entre el impacto social que vive su departamento y el marco jurídico que regula la actividad.
Entre la necesidad y la ley
Páez no deslegitimó el reclamo de los trabajadores, pero sí advirtió que no puede confundirse la necesidad de empleo con las reglas que rigen el proyecto.
Incluso planteó que, si La Rioja pretende mayor participación en la minería, deberá avanzar en la capacitación de su mano de obra, ya que se trata de una actividad altamente especializada.
Así, el intendente dejó expuesto el núcleo del conflicto: una comunidad que necesita trabajo con urgencia frente a un esquema legal que favorece a la provincia donde se desarrolla el emprendimiento.
Una tensión que, por ahora, no encuentra resolución, pero que ya tiene una certeza marcada desde el propio territorio riojano: la prioridad, hoy, sigue siendo sanjuanina.
