Investigan a una pareja condenada por la muerte de tres jóvenes por presunta insolvencia fraudulenta
Una pareja que recibió una condena por la muerte de tres jóvenes quedó nuevamente bajo investigación judicial, esta vez por presuntamente desprenderse de sus bienes para evitar el pago de una indemnización millonaria. La fiscalía sostiene que José Oscar Muñoz y Teresa Elizabeth Scalise habrían realizado operaciones inmobiliarias mientras avanzaba una demanda civil en su contra, con el objetivo de dificultar el cobro del resarcimiento reconocido por la Justicia.
El fiscal Atilio Yanardi, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, solicitó la formalización de la investigación contra ambos como presuntos coautores del delito de insolvencia fraudulenta. Entre las operaciones bajo análisis figura la venta de una propiedad por $176 millones, concretada el 16 de abril de 2025, y la donación de otro inmueble a sus hijos, realizada el 23 de junio del mismo año. Para la acusación, estos movimientos patrimoniales podrían haber buscado impedir o complicar el cumplimiento de la obligación económica.
El caso tiene como antecedente la muerte de tres jóvenes encontradas el 12 de agosto de 2023 en un departamento ubicado en calle Entre Ríos al 339 norte, en Capital. El inmueble, que había sido alquilado de manera temporal, funcionaba en un espacio acondicionado como monoambiente y contaba con artefactos a gas sin las medidas de seguridad correspondientes ni rejillas de ventilación. El 10 de abril de 2024, Muñoz y Scalise fueron condenados a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación especial por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.
Posteriormente, Lorena Marta Otárola, madre de una de las víctimas, inició una demanda por daños y perjuicios y obtuvo un fallo favorable que condenó a la pareja a pagar una indemnización con intereses. Ahora, la investigación busca determinar si las operaciones inmobiliarias tuvieron como finalidad frustrar el cumplimiento de esa obligación. El juez Alberto Caballero, quien también intervino en la condena anterior, quedó a cargo del nuevo expediente y dispuso un cuarto intermedio antes de resolver el pedido fiscal. La responsabilidad penal de los investigados por este nuevo hecho deberá establecerse durante el proceso judicial.
