Juicio en pausa para el intendente de Angaco: Buscan cerrarlo con un pago millonario
El proceso oral contra el intendente de Angaco, José Castro, quedó momentáneamente en suspenso. La Cámara Penal resolvió frenar el inicio del debate hasta analizar un planteo de reparación integral presentado por la defensa del jefe comunal, imputado por presunta malversación de fondos públicos.
La medida implica que, por ahora, no habrá juicio hasta que el tribunal defina si acepta el acuerdo económico ofrecido.
De qué se lo acusa
Castro enfrenta cargos por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa se originó a fines de 2019, cuando fue denunciado por supuestamente utilizar maquinaria y empleados municipales para realizar tareas en un predio privado de su propiedad, ubicado en Chimbas.
El expediente avanzó hasta la instancia de juicio oral, pero el escenario cambió en las últimas horas con la presentación de un acuerdo alternativo.
La propuesta para evitar el juicio
La defensa, encabezada por el abogado Marcelo Fernández, ofreció una reparación integral de 5 millones de pesos. El dinero, según el planteo, sería destinado a una institución de beneficencia del departamento como forma de compensación por el presunto perjuicio al Estado.
Si el tribunal convalida la propuesta, el proceso penal podría extinguirse sin que se lleve adelante el debate oral.
Respaldo político exprés y críticas
En paralelo al movimiento judicial, el Concejo Deliberante de Angaco trató y aprobó el acuerdo en una sesión que se realizó con escasa difusión pública. El resultado fue 3 votos afirmativos, 1 negativo y 1 abstención.
La rapidez con la que se abordó el tema generó cuestionamientos en el plano político local, especialmente por la falta de debate público previo a la votación.
El antecedente que invoca la defensa
Para sostener su pedido, los abogados del intendente citaron como antecedente el caso del expresidente Alberto Fernández, quien cerró la causa conocida como “Olivosgate” mediante un pago económico, sin llegar a juicio oral.
Bajo esa línea argumental, sostienen que debe aplicarse el mismo criterio jurídico, aun tratándose de un funcionario en ejercicio, invocando jurisprudencia reciente en materia de reparación integral.
La decisión final
La definición quedó ahora en manos del tribunal, que deberá resolver si acepta la suspensión del proceso a partir del acuerdo presentado o si el intendente deberá finalmente sentarse en el banquillo y enfrentar el juicio por las acusaciones que pesan en su contra.
