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La Fiscalía decidió no continuar la causa contra el nieto de Gioja por el brutal choque de 2025

La Fiscalía decidió no continuar la causa contra el nieto de Gioja por el brutal choque de 2025
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Más de un año después del accidente que dejó gravemente herido a Elías Rodrigo Peze López, la Fiscalía resolvió no continuar con la persecución penal pública contra Fabricio Gabriel Gioja Gilabert, nieto del exgobernador José Luis Gioja. El siniestro ocurrió durante la madrugada del 6 de julio de 2025, en la esquina de Maipú y General Acha, cuando la Toyota Hilux que conducía Gioja Gilabert chocó contra un Peugeot 308 en el que circulaba Peze López.

La decisión fue adoptada por el fiscal Sebastián Gómez mediante una resolución firmada el 29 de septiembre, después de analizar las distintas pruebas reunidas durante la investigación. El expediente incluyó una pericia accidentológica, informes de Policía Científica, documentación médica, fotografías, croquis, documentación de los vehículos, evidencia digital y estudios de alcoholemia y detección de estupefacientes. Tras evaluar ese material, el fiscal consideró que no existían elementos suficientes para atribuir al conductor una conducta de grave imprudencia o temeridad.

El choque tuvo consecuencias especialmente graves para Peze López, quien debió ser trasladado al Hospital Rawson y permaneció internado en terapia intensiva. Entre las lesiones que sufrió se registraron traumatismo de cráneo con contusión hemorrágica, fracturas de cráneo y órbita ocular, múltiples fracturas faciales, traumatismo de tórax con hemorragia interna y politraumatismos. En paralelo, hubo un intento de alcanzar una conciliación económica mediante una propuesta de 10.000 dólares, pero la víctima rechazó el ofrecimiento y tampoco se cerró el conflicto por esa vía.

La resolución fiscal no impide que Peze López continúe con el reclamo judicial. La víctima tiene la posibilidad de convertir la acción penal pública en una acción privada y avanzar mediante una querella, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal. Para hacerlo dispone de 60 días desde la notificación de la decisión, por lo que el caso todavía podría continuar por una vía distinta pese al cierre de la persecución penal pública.

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