La Justicia intimó al Gobierno a que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
El juez Martín Cormick dio cinco días al Ejecutivo para cumplir la cautelar que ordena actualizar salarios y programas estudiantiles.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 intimó al Gobierno nacional a que cumpla en cinco días con la medida cautelar vigente por la ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick concluyó que el Estado no acreditó un cumplimiento total y advirtió que podrá aplicar multas diarias por cada jornada de demora.
La resolución responde a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de las becas y programas destinados a estudiantes.
Los gremios universitarios reclaman una recomposición del 32,5% por la pérdida salarial que atribuyen a los primeros años de la administración de Javier Milei, además de una actualización de las partidas destinadas a becas. Ese porcentaje forma parte del planteo sindical y universitario, no de una determinación del tribunal.
La disputa judicial por la ley de Financiamiento Universitario
La cautelar se inscribe en un conflicto que se extendió durante varios meses. A comienzos de septiembre, Cormick ya había rechazado un pedido del Ejecutivo para dejar sin efecto la medida, al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados durante el año hubieran resuelto el deterioro salarial y presupuestario que originó el reclamo.
El Gobierno había presentado documentación vinculada con los acuerdos alcanzados durante 2026. Sin embargo, tras analizar esa información, el magistrado sostuvo ahora que «no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos» y exigió que se haga efectivo lo ordenado en un plazo de cinco días.
El conflicto había tenido un capítulo previo el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales acordaron una mejora de la masa salarial, mayores fondos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios y becas. El Ejecutivo consideró que ese acuerdo avanzaba sustancialmente sobre las obligaciones previstas en la ley, mientras que las universidades sostuvieron que no alcanzaba para cubrir todos sus términos.
La disputa volvió a escalar durante septiembre, después de que una nueva ronda paritaria terminara sin acuerdo. Los sindicatos rechazaron la oferta oficial y mantuvieron su reclamo por la aplicación integral de la norma.
En ese contexto, organizaciones docentes y no docentes avanzaron con nuevas medidas de fuerza y mantienen convocada una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, con el cumplimiento de la Ley 27.795 y la recomposición presupuestaria y salarial entre sus principales reclamos.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la falta de aplicación de la norma y sostuvo: «En democracia la ley se cumple». Por su parte, desde FEDUN también reclamaron que el Poder Ejecutivo acate una ley aprobada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales.
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