La propuesta para que el transporte público pase a manos del Estado
Cristian Jurado, referente del Frente de Izquierda en la provincia, planteó que la salida de fondo para los problemas que atraviesa el transporte público es que el Estado asuma directamente la administración del servicio. La propuesta surgió durante una entrevista en la que analizó el conflicto de la UTA y cuestionó el actual esquema de empresas privadas subsidiadas por el Estado. “Nosotros es una propuesta que hace tiempo la venimos desarrollando, casi la defendíamos que los servicios sean derechos para la gente y que el Estado las tiene que garantizar”, sostuvo.
En ese sentido, Jurado cuestionó que actualmente el Estado destine recursos para sostener empresas privadas sin que eso se traduzca, a su criterio, en mejores prestaciones. “Mantener así como está el sistema público en donde hay empresas privadas que durante mucho tiempo el Estado, todos nosotros, le pagamos un subsidio, ese subsidio no se traslada para un mejor servicio, no se traslada para que haya un boleto que es tremendamente caro, hay un servicio que es tremendamente deficiente”, afirmó. Para el dirigente, “la única forma de solución que traería más beneficios para todos sería si el Estado empieza a manejar todo el transporte”.
La propuesta no contempla solamente reemplazar a los empresarios por una estructura estatal, sino incorporar a trabajadores y usuarios en las decisiones. “Tiene que haber un control de los propios trabajadores. Los propios laburantes de la empresa de colectivos saben cuánto se gasta, saben los insumos, saben cuánto se necesita de los recorridos, saben cuáles son las horas pico, saben cómo es el servicio”, explicó. Y agregó: “¿Qué mejor que ellos, que conocen cómo es el trabajo, que sean los que controlen y manejen la utilización y el desarrollo del propio servicio?”. A ese esquema sumó a los usuarios: “En un mismo organismo esté el Estado, los trabajadores, pero nosotros también ahí le incluimos a los usuarios”.
Para Jurado, ese organismo debería funcionar como un ente tripartito capaz de controlar las cuentas, las inversiones y las decisiones vinculadas al servicio. “Hagamos un ente tripartito en donde esté el Estado, los funcionarios, en donde estén los trabajadores, en donde estén los usuarios y que entre ese ente se decida todo lo que tiene que ver al servicio”, sostuvo. Según explicó, la transparencia no dependería de la voluntad de un funcionario sino de un control colectivo: “La única forma es si hay un control colectivo, un control social para lograr la transparencia de un Estado y que ese Estado se haga cargo de determinados servicios”.
El dirigente también planteó que una eventual estatización debería comenzar con la adquisición de unidades para cubrir los recorridos que actualmente realizan las empresas privadas. “Lo que tendría que hacer el Estado en esta oportunidad para sus ideas, que la idea de que sea estatal el transporte, primero se tendría que salir a comprar unidades”, señaló. Para justificar el cambio de modelo, comparó la lógica estatal con la empresarial: “Si lo tiene una empresa privada, la empresa privada cuando empezó a tener los trenes empezó a tener una lógica de ganancia”. En cambio, sostuvo que el objetivo estatal debería ser garantizar el derecho al transporte y no obtener rentabilidad.
Jurado también rechazó el argumento de que el Estado no tendría recursos para hacerse cargo del servicio. “Yo creo que sí está. El tema es que vos necesitás otras medidas también, que sean paralelas”, afirmó. En ese punto propuso modificar el esquema tributario y aumentar la recaudación sobre los sectores de mayores ingresos. “El Estado puede recaudar si le aplica impuestos a los grandes ricos de la provincia o a las actividades que generan riqueza”, sostuvo. Para el dirigente, esos recursos permitirían financiar servicios públicos y mejorar los salarios.
La discusión salarial de los choferes también fue incorporada a su planteo. Jurado consideró que en un sistema estatal los trabajadores deberían participar de las decisiones y que los aumentos tendrían que definirse teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores y la recaudación disponible. “Si el trabajador necesita más, nosotros haríamos un aumento de salarios”, aseguró. Frente a la posibilidad de que también existieran conflictos gremiales bajo un esquema estatal, respondió que serían diferentes porque habría mayor participación de trabajadores y usuarios y se conocerían las cuentas del servicio.
Respecto de los empresarios actuales, Jurado sostuvo que podrían abandonar la actividad si el negocio dejara de resultarles rentable. “Los empresarios se dedicarían a otra cosa. Si no es rentable el negocio, estarían dedicados a otra cosa”, afirmó. Su principal cuestionamiento apunta a que, mientras los privados conservan las ganancias, el Estado asume buena parte de los costos. “Utilizan al Estado como una forma de financiamiento y garantía de las ganancias de ellos y es un servicio”, cuestionó.
Sobre el sistema de pago, Jurado no descartó mantener herramientas tecnológicas como las actuales, aunque rechazó que la decisión sea tomada exclusivamente por funcionarios. “Todo forma de aplicación, nosotros dejaríamos que los propios trabajadores decidan”, explicó. La alternativa, según su planteo, debería ser discutida dentro del ente tripartito: “Le preguntaríamos a los trabajadores en este ente tripartito, entre estos tres sectores, inclusive los usuarios, cuál sería la mejor forma de aplicación de una empresa estatal”.
La propuesta de Jurado quedó planteada como una alternativa integral al actual esquema de transporte: estatización del servicio, compra de unidades, control de las cuentas, participación de trabajadores y usuarios y financiamiento mediante una mayor recaudación sobre los sectores de mayor riqueza. “Los propios usuarios y los trabajadores tienen que intervenir”, resumió, al defender un modelo en el que el transporte sea considerado un derecho y no un negocio.
