Le bajan el pulgar al plan de la Liga para que un fiscal actúe en la cancha
La propuesta de que un representante del Ministerio Público intervenga de oficio ante incidentes dentro de un partido de fútbol local no tendría viabilidad operativa. Así lo dejaron trascender fuentes judiciales tras las declaraciones del presidente de la Liga Sanjuanina, quien había planteado la posibilidad de avanzar en un protocolo de actuación inmediata.
El planteo surgió luego del violento episodio registrado el fin de semana en el encuentro entre Trinidad y López Peláez, que terminó con un jugador hospitalizado y otro imputado por lesiones agravadas.
Falta de recursos y alta demanda
Desde el ámbito fiscal señalaron que no existe, al menos por ahora, un esquema formal acordado con la Liga para disponer de fiscales en cada evento deportivo. Además, remarcaron que la implementación de una “actuación automática” ante cada conflicto implicaría una carga operativa imposible de sostener con la estructura actual.
En términos prácticos, indicaron que el Ministerio Público no cuenta con personal suficiente para asignar funcionarios a todos los partidos del fútbol local ni para intervenir de oficio en cada incidente que pueda generarse dentro de una cancha.
La vía judicial ya está prevista
Fuentes consultadas explicaron que el sistema penal ya contempla mecanismos claros para actuar frente a hechos violentos. Ante una agresión que configure delito, basta con que la víctima o cualquier damnificado formule una denuncia en sede policial o judicial para que se active la investigación.
En ese sentido, descartaron que sea indispensable la presencia física de un fiscal en el estadio para que se inicie una causa penal. “Con la denuncia alcanza”, resumieron desde el entorno judicial.
El antecedente que encendió el debate
El debate se instaló tras lo ocurrido en el partido entre el León y el Tonelero de Santa Lucía. En ese encuentro, Gustavo Naveda —jugador de Trinidad— golpeó a un rival cuando su equipo perdía 3 a 0, provocándole una lesión de consideración.
El hecho fue denunciado y un ayudante fiscal inició las actuaciones correspondientes. Posteriormente, el futbolista fue detenido e imputado por lesiones agravadas, lo que derivó en una fuerte repercusión institucional y mediática.
Mientras tanto, desde Trinidad respaldaron públicamente al jugador y aseguraron que acatarán las resoluciones que adopten tanto la Liga como la Justicia, aunque admitieron que el episodio impactó en la imagen del club.
La discusión ahora gira en torno a cómo prevenir nuevos hechos de violencia en el fútbol local, aunque, al menos desde la órbita judicial, la alternativa de un fiscal actuando de oficio dentro del campo de juego parece quedar descartada.
