Leopoldo Soler propone proponen inhabilitar a deudores y agresores

El diputado Leopoldo Soler presentó un proyecto de ley que establece inhabilitaciones para quienes incumplan con sus obligaciones familiares o tengan antecedentes judiciales por violencia. La propuesta abarcaría a los tres poderes del Estado y a proveedores del sector público.

El diputado provincial Leopoldo Soler, ex intendente del departamento de Ullum y actual legislador por ese distrito, presentó un proyecto de ley que busca impedir que las personas que adeuden la cuota alimentaria o hayan sido condenadas por delitos vinculados a la violencia de género puedan acceder a cargos públicos o ser proveedores del Estado.

“Todavía no ha tomado estado parlamentario. Fue presentado después de la última sesión y será tratado en labor parlamentaria el próximo martes, para luego tomar estado parlamentario el jueves siguiente”, explicó Soler en diálogo con este medio. Una vez incorporado al temario, se definirá a qué comisiones será derivado para su tratamiento.

La iniciativa propone una inhabilitación legal que abarcaría a personas que figuren en el registro de deudores alimentarios o cuenten con condenas firmes por hechos de violencia de género. El impedimento alcanzaría tanto a quienes aspiren a cargos electivos como a aquellos que sean designados en funciones dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, impediría que empresas o individuos en estas condiciones accedan a licitaciones u otros beneficios como proveedores del Estado provincial.

“Es una práctica desafortunadamente muy común. Como abogado lo he visto muchas veces. Hay un incumplimiento reiterado de las obligaciones alimentarias y una desprotección constante hacia quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como niños y mujeres”, señaló el legislador. En este sentido, subrayó que el objetivo de la ley no es sólo sancionador, sino también preventivo. “Apuntamos a que haya un mayor cuidado por parte de los ciudadanos a la hora de incurrir en estas conductas, y que los poderes del Estado no sigan reproduciendo estas situaciones”.

El proyecto también contempla que la responsabilidad de aplicar esta inhabilitación recaiga tanto en el sistema judicial —como instancia que determina las condiciones legales— como en los organismos que designan funcionarios o adjudican contratos. “Serán responsables de verificar si las personas cumplen con los requisitos establecidos. Hay que cuidar estas condiciones desde la legalidad y desde el compromiso institucional”, agregó.

Soler remarcó que la propuesta está abierta a aportes de otros bloques y expresó su deseo de que pueda ser debatida en el recinto lo antes posible. “Es un paso más para contribuir socialmente al respeto de los derechos alimentarios y de género, desde una herramienta legal concreta”.