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Ley de Glaciares: Orrego y Jalil llevan la voz de las provincias mineras al Congreso en un debate clave

Ley de Glaciares: Orrego y Jalil llevan la voz de las provincias mineras al Congreso en un debate clave
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El gobernador Marcelo Orrego, fue uno de los protagonistas del cierre del Plenario de Comisiones del Senado de la Nación que analiza el proyecto de ley aclaratoria de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El mandatario sanjuanino compartió la instancia final del debate con su par de Catamarca, Raúl Jalil, en una fuerte señal política de las provincias mineras a favor de una interpretación federal de la norma ambiental.

 

La exposición tuvo lugar en el salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, en el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles. El encuentro marcó el cierre de la etapa de consultas previas a la elaboración de los dictámenes que permitirán el avance del proyecto hacia el recinto del Senado.

 

Una postura clara desde San Juan

 

Durante su intervención, Orrego dejó en claro la posición de la provincia frente al debate. Aseguró que San Juan sostiene un compromiso firme con la protección de los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial, en tanto constituyan reservas hídricas relevantes y estratégicas, pero remarcó la necesidad de que esa protección se aplique en armonía con el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

 

En ese sentido, el gobernador subrayó que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional no implica una flexibilización ni una regresión en materia ambiental. Por el contrario, explicó que se trata de una adecuación técnica y jurídica destinada a brindar mayor claridad a la norma vigente y a evitar interpretaciones que generen conflictos o paralicen actividades productivas lícitas.

 

Federalismo y competencias provinciales

 

Uno de los ejes centrales del planteo de Orrego fue la defensa de las facultades originarias de las provincias sobre sus recursos naturales. Señaló que el nuevo texto no delega atribuciones, sino que repara un avance sobre competencias provinciales, reafirmando que a la Nación le corresponde fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias conservan la potestad de administrar, cuidar y habilitar el uso de sus recursos.

 

El mandatario explicó que la propuesta mantiene la protección plena de las formas de relieve del ambiente glacial y, a la vez, introduce mayor precisión en el caso del ambiente periglacial. En esos supuestos, se contempla la posibilidad de realizar evaluaciones ambientales específicas y exhaustivas que permitan determinar si una geoforma cumple una función hídrica relevante y, de no ser así, excluirla del inventario para habilitar actividades permitidas por la ley.

 

Capacidad técnica y respaldo científico

 

En el tramo final de su exposición, Orrego destacó que San Juan cuenta con capacidad técnica, experiencia y recursos humanos especializados para ejercer las facultades que reconoce el proyecto. Mencionó la existencia de profesionales formados en la materia y el aporte de institutos y gabinetes de la Universidad Nacional de San Juan, que trabajan de manera articulada con las autoridades ambientales provinciales.

 

Una defensa conjunta de las provincias mineras

 

La participación de Orrego se dio en el marco de una estrategia común con el gobernador Raúl Jalil. Ambos mandatarios representan a los espacios de articulación regional más relevantes del sector: Orrego como presidente de la Mesa del Cobre, integrada por San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy; y Jalil como presidente de la Mesa del Litio, que nuclea a Catamarca, Salta y Jujuy.

 

En conjunto, realizaron una defensa política y técnica del proyecto, del cual se reconocieron impulsores, y recordaron que la iniciativa responde a lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que instó a la Nación y a las provincias a alcanzar consensos interpretativos sobre la aplicación de la Ley de Glaciares vigente, en el marco de la doctrina de

la Concertación Federal.

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