MARCELO ARANCIBIA «MILEI ES UN DEGENERADO COSNTITUCIONAL»
El abogado y dirigente del GEN habló en LV5 y sostuvo fuertes términos para describir la situación que se genera a partir del polémico decreto del presidente Milei sosteniendo que es un “degenerado constitucional”
La reciente decisión del Ejecutivo de designar jueces por decreto ha desatado una fuerte controversia en el ámbito jurídico y político. Expertos constitucionalistas sostienen que la medida no solo es irregular, sino que vulnera principios fundamentales de la Constitución Nacional.
Arancibia sostiene que el decreto en cuestión altera la composición de la Corte Suprema, que debe estar integrada por cinco miembros, permitiendo su funcionamiento con solo tres. Además, advierte que el mecanismo utilizado para designar en comisión a estos jueces es inconstitucional, ya que el artículo 99 de la Constitución establece que el Presidente solo puede hacer nombramientos temporales dentro del ámbito de su competencia, como ocurre con embajadores o militares, pero no con jueces, quienes pertenecen a otro poder del Estado.
La preocupación de los especialistas radica en que esta decisión no respeta el rol del Senado, al que la Constitución otorga la facultad de aprobar o rechazar los nombramientos judiciales. En este sentido, advierten que tratar al Senado como una simple escribanía del Ejecutivo es una violación al régimen republicano y al principio de división de poderes.
«La Constitución establece un mecanismo específico para la designación de jueces federales, y este decreto lo evade completamente. Se trata de una injerencia indebida del Ejecutivo en el Poder Judicial, lo que pone en riesgo la independencia judicial y el equilibrio de poderes», sostienen los especialistas.
Por otra parte alerta que este tipo de decisiones afectan la estabilidad democrática y pueden interpretarse como un intento de consolidar el control sobre la Justicia. «Son pequeños golpes al Estado de derecho, que desnaturalizan el funcionamiento institucional del país», advierten.
El debate sobre la constitucionalidad del decreto continúa, y se espera que la medida genere impugnaciones judiciales y un fuerte enfrentamiento político en el Congreso.
