Minería en Iglesia: piden que la ley garantice prioridad real para proveedores del departamento
El debate por la futura ley de proveedores mineros continúa generando expectativas en Iglesia, donde distintos sectores buscan que la nueva normativa permita garantizar mayor participación para trabajadores y empresas locales en los grandes proyectos de la provincia.
Tras la presentación del borrador realizada en el nodo turístico de Pismanta, el diputado departamental Gustavo Deguer explicó que uno de los principales planteos estuvo vinculado a la interpretación del término “local” dentro de la ley.
“Se podía interpretar como local a toda la provincia de San Juan y no precisamente al departamento”, señaló el legislador, quien remarcó que las cámaras empresarias y proveedores transmitieron sus inquietudes durante la exposición.
En ese sentido, sostuvo que las sugerencias ya fueron trasladadas al ministro de Producción, Gustavo Fernández, y que hubo buena recepción por parte del Gobierno provincial.
“Las sugerencias han sido aceptadas y se iban a seguir viendo por parte de los técnicos para darle el término legal correspondiente”, explicó.
“Iglesia debe ser el primer anillo”
Deguer indicó además que desde su espacio impulsan un esquema de prioridad territorial para los departamentos mineros.
“Nosotros determinamos como anillo uno al departamento donde está el emprendimiento minero. En este caso Iglesia, con Veladero y Vicuña”, manifestó.
Y agregó: “Queremos dejar bien claro en la futura ley que Iglesia es el primer anillo porque es el departamento que brinda la licencia social”.
Para el legislador, la intención es que la actividad minera deje mayores beneficios directos en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
Expectativas por la nueva ley
Si bien reconoció que hubo errores y falencias durante los últimos años en materia de desarrollo local, Deguer aseguró que observa con esperanza esta nueva etapa que atraviesa la minería sanjuanina.
“Yo creo que esta ley es la llavita que nosotros necesitamos”, expresó.
Además, destacó que la futura normativa incorporaría mecanismos de control, informes periódicos y sanciones para las empresas que incumplan.
“Ahora se van a pedir informes periódicos y habrá sanciones para las empresas que no entreguen información”, afirmó.
El diputado consideró que, más allá de las diferencias actuales, el camino es el consenso entre todos los sectores involucrados.
“Estamos consensuando con todos los actores”, señaló, y agregó que los porcentajes de participación local deberán crecer de manera progresiva con el avance de los proyectos.
Finalmente, remarcó que el objetivo es evitar repetir situaciones del pasado y lograr que el crecimiento minero tenga un impacto real en Iglesia.
“La sociedad quiere ser parte de la minería y yo entiendo que con total derecho debe serlo”, concluyó.
