Caucete“Negar una deuda ya dictaminada es un acto de irresponsabilidad”, dijo el concejal Castro
El concejal de Cambia San Juan en Caucete, Emanuel Castro, apuntó duramente contra la intendenta Romina Rosas tras la interpelación realizada este miércoles en el Concejo Deliberante. El motivo central: la millonaria deuda que el municipio mantiene con la empresa DECSA por el consumo eléctrico en edificios públicos y el alumbrado urbano, que ya fue confirmada por resoluciones del EPRE y asciende a 550 millones de pesos.
“La intendenta niega una deuda que ya está dictaminada. Eso nos deja muy intranquilos, porque es un acto de irresponsabilidad no querer afrontar una situación que fue estudiada y validada por el ente regulador”, expresó Castro en diálogo con este medio.
Según explicó el edil, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió dos resoluciones: una en noviembre de 2024 que establecía una deuda de $465 millones y otra reciente que sumó consumos de meses posteriores, elevando el monto a $550 millones. Ambas resoluciones surgieron tras un proceso técnico-administrativo con participación de la Municipalidad de Caucete, DECSA y el propio EPRE.
“La intendenta presentó una auditoría propia, pero esa auditoría fue desestimada por el EPRE. Entonces, ¿qué sentido tenía que nos la volviera a explicar a nosotros si ya fue rechazada por los técnicos?”, cuestionó Castro.
El concejal también dejó entrever que durante años anteriores la situación habría estado encubierta por afinidades políticas. “Ella asumió en 2019 y recién ahora aparece esta deuda. ¿Qué cambió? Que cambió el color político del gobierno provincial y el interventor de DECSA. Si esto seguía como antes, tal vez nunca nos enterábamos”, sostuvo.
Respecto al futuro de la causa, Castro anticipó que el Concejo dará intervención al Tribunal de Cuentas. «Ya venimos pidiendo los expedientes de 2024 y no hemos recibido nada. Vamos a denunciar esto y también a poner en conocimiento al Tribunal de la situación económica que se puede generar en el municipio si se judicializa o embarga la deuda. El causetero va a terminar pagando las consecuencias”, advirtió.
Por otro lado, afirmó que el EPRE dio un plazo de 20 días para que las partes lleguen a un acuerdo de pago. Sin embargo, desde el oficialismo municipal no hay señales de conciliación. “La intendenta dijo que va a seguir por vías institucionales, lo que da a entender que se va a judicializar. Mientras tanto, la deuda está firme y sin recursos legales que la suspendan”, concluyó.
