Ordenan nuevas medidas patrimoniales y analizan con lupa la evolución del precio del bitcoin
También solicitó medidas para reconstruir los ingresos respecto de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, según confirmaron fuentes judiciales.
En tanto, los investigadores dispusieron medidas para mirar la evolución del Bitcoin en la época que Adorni dice haber adquirido las cripto y su recorrido a lo largo de los años.
El funcionario justificó un incremento patrimonial de más de u$s500.000 afirmando haber invertido u$s200.000 en criptomonedas entre 2013 y 2018, y “fuerte en 2014”, obteniendo una ganancia de u$s300.000 que mantuvo «en negro”.
En el expediente quedará asentado qué valor tenía Bitcoin cuando Adorni asegura haber ingresado al mercado y a cuánto llegó ese activo en los años posteriores.
El fiscal también recopila los videos y exposiciones públicas de Adorni relacionados con la criptomoneda.
En una entrevista durante la pandemia, relató que había conocido el Bitcoin años atrás, entre 2014 y 2015 a partir de una conversación con sus alumnos. También circulan en redes registros donde expresaba sus dudas sobre el funcionamiento de las criptomonedas como inversión.
La Oficina Anticorrupción ya envió las DDJJ solicitadas por el fiscal, pero no remitió el anexo reservado sobre Angeletti, ya que no fue presentado por el jefe de Gabinete, confirmaron fuentes judiciales.
Los investigadores ya analizan la declaración jurada de 2025 y las rectificaciones presentadas por Adorni y van apuntando las posibles inconsistencias, sobre las que Adorni deberá dar explicaciones cuando sea requerido.
También deberá explicar y probar, por ejemplo, que eran de él las direcciones de las wallet o billeteras.
Adorni reconoció que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos u$s500.000. Según él provenientes de la inversión y ganancias en Bitcoin previo a llegar al Gobierno.
En declaraciones periodísticas, Adorni admitió un “error” al realizar sus declaraciones juradas, e intenta que su confesión lo ayude respecto de la figura del enriquecimiento ilícito, que tiene pena de prisión efectiva, y en la que, es el imputado quien debe probar que no aumentó su patrimonio de manera ilegal.
De una primera lectura de la documentación que está en la causa, para los investigadores, los ingresos declarados por Adorni no bastan para explicar los más de u$s400.000 en gastos, sin contar los gastos corrientes, más los u$s335.000 de nuevas deudas.
Una de las pruebas clave será el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado que debe determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos o bienes adquiridos por el funcionario.
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