Para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

¿Cuánto dinero deben devolver los condenados del caso Vialidad? La cifra que la semana pasada convalidó la Corte Suprema de Justicia asciende a 685.000 millones de pesos, pero un cálculo extraoficial que analiza el fiscal Diego Luciani, fija otro número: 897.851.557.131 pesos. El incremento corresponde a una consideración central: para el Ministerio Público, el primer valor se determinó hace un año y debe ser actualizado. Por ese motivo, como contó Clarín, se solicitará la actualización del monto considerado como el decomiso que con su patrimonio deben afrontar Cristina Kirchner y demás condenados.

El junio del año pasado, cuando se dio firmeza a la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, pidió al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal que determine cuál era el valor actual del dinero implicado en la maniobra defraudatoria. El monto original reclamado por la acusación cuando terminó el juicio en 2022,era de 85.000 millones de pesos.

Fue así que se determinó que el decomiso correspondiente al fraude cometido entre 2003 y 2015 a través de las 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez, bajo mecanismos irregulares como direccionamiento de los contratos, concursos simulados y sobreprecios promedio del 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos.

Las defensas recurrieron el mecanismo técnico aplicado para arribar a ese valor, y fue el máximo tribunal el que hace pocos días dirimió el debate: con su rechazo a analizar las quejas, quedó firme el monto del decomiso.

Pero ahora, la fiscalía de Diego Luciani comenzó a analizar los valores nuevamente. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, hay un nuevo cálculo extraoficial. Desde la última actualización realizada en julio de 2025 que era de 685.000 millones de pesos, a la fecha en valores reales “se perdieron 212.861.206.992 pesos. Esto representa un incremento del 31,08%, es decir un incremento promedio del 1,49% por mes (34,34% anualizado”.

Este cálculo se hizo con la misma fórmula aplicada por los peritos de la Corte Suprema y que fue avalada la semana pasada, entonces para el Ministerio Público Fiscal ahora se deberían reclamar 897.851.557.131 pesos. “Dado que el monto ya está desactualizado, al menos desde julio del año pasado, se analiza reclamar la actualización. Cuantas más chicanas interpongan para no devolver a la sociedad lo que desapoderaron del Estado, el monto de decomiso será mayor”, expresaron fuentes judiciales a Clarín.

Será el TOF 2 quien ordene, si considera pertinente, una actualización una vez que formule el pedido el fiscal Luciani.

El decomiso es la herramienta que tiene el Poder Judicial para recuperar el producido del delito. En otras palabras: la forma para que los condenados devuelvan aquello que se han robado y que pertenecía a las arcas del Estado.

En otras presentaciones, el fiscal Luciani había exigido una pronta ejecución patrimonial ya que Cristina Kirchner y los demás acusados jamás depositaron de forma voluntaria el valor reclamado por el TOF 2. No sólo eso no ocurrió, sino que “ también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”.

Como resultado de los recursos presentados, entiende Luciani, se “viene dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

A criterio del representante del Ministerio Público, muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante doce años”.

El primer pedido de decomiso fue confirmado por la Cámara de Casación e incluye 111 bienes muebles e inmuebles (20 de la familia Kirchner, 84 de Lázaro Báez y el resto se divide entre empresas y demás acusados). Será la Corte Suprema la que determine si esa ejecución de bienes que ordenó en noviembre pasado el TOF 2 está bien, cuando atienda la queja interpuesta por la ex Presidenta y demás condenados.

Si el máximo tribunal desestima esos reclamos, se constituirá en el titular de los bienes decomisados, como cabeza del Poder Judicial. Los ministros de la Corte deberán determinar el destino de las propiedades y vehículos incluidos en esta primera tanda requerida por el Ministerio Público Fiscal. Aquellos que no sean funcionales a la tarea desarrollada por la justicia, podrán ser cedidos a organismos públicos o ser rematados.

El TOF2, este año presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, trabaja en una segunda etapa de bienes a decomisar, que presentó en febrero del año en curso, el fiscal Luciani.

Esta segunda tanda se compone de 141 inmuebles incluye propiedades —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores.

Junto a un exhaustivo detalle de propiedades, el Ministerio Público también reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.

La medida que solicitan el fiscal Luciani y su par Sergio Mola, busca recuperar en propiedades el valor más cercano a los 685.000 millones de pesos fijado como decomiso.

Cabe recordar que el TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Es la ventana temporal durante la cual se desarrolló la maniobra defraudatoria.

Es el argumento que se utilizó para avanzar sobre 19 inmuebles que Cristina Kirchner le heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales. Para la justicia, fueron incorporados a la fortuna de la ex mandataria mientras se produjo la administración fraudulenta.

Entre las propiedades de Cristina Kirchner incluidas en esta segunda tanda y que la fiscalía pide decomisar se encuentran el departamento porteño de la calle San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, el hotel La Aldea de El Chaltén y el hotel Alto Calafate, investigado por lavado de activos.

También se incorporó el chalet de la costanera de Río Gallegos, casas, terrenos y departamentos ubicados en la capital santacruceña.

El fiscal Luciani trabaja en lo que derivará en un tercer pedido de bienes a decomisar.

El planteo contempla la individualización de bienes de sociedades involucradas, inmuebles, estancias y automotores. Se analizan 18 participaciones accionarias de Lázaro Báez y algunas propiedades que pertenecen a la familia Kirchner a través de las empresas que poseen: Los Sauces, Co.Ma SA y Hotesur.