El Gobierno envió a Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: qué propone y cuándo se debatirá
Tras un acuerdo con los bloques aliados, la Casa Rosada envió el proyecto a la Cámara de Diputados, para que se vote el jueves en el recinto. El texto insiste en bajar a 13 la edad de imputabilidad, pero los votos no están. A diferencia de la versión original, este proyecto especifica el impacto fiscal.
En palabras de un diputado: “Si una provincia tenía 10 presupuestado en política penal juvenil y con la implementación le saldría 14, esos 4 los pone Nación”. Aun así, lo cierto es que el impacto fiscal de la iniciativa se desconoce. Pese al pedido de los diputados de la oposición, el oficialismo no giró la iniciativa a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que haga la estimación.
Régimen Penal Juvenil: qué dice el proyecto del Ejecutivo
Pese a las conversaciones de la semana pasada, el proyecto que el Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados no refleja el dictamen ni lo conversado en aquel encuentro. Sino que, por caso, mantiene la edad de imputabilidad en 13 años, tal cual defienden desde Patricia Bullrich, principal impulsora de la iniciativa, hasta el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por poner algunos ejemplos.
«Sale con 14», dijo una importante fuente de la Cámara de Diputados a este medio. Es que, más allá de las intenciones libertarias de llevar a 13 la edad de imputabilidad (y así lo dejaron plasmado en su texto), saben que los votos no están. Ni siquiera el PRO que conduce Cristian Ritondo está dispuesto a ceder en ese punto. El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires siempre fue claro: la edad es 14.
Es por eso que se da por descontado que ese punto se corregirá en el plenario de comisiones que se celebrará este miércoles, en la previa a la sesión del jueves.
Un dato a tener en cuenta es que esta versión del Gobierno sí incluye el costo fiscal de la implementación del régimen penal juvenil. El proyecto que impulsó el gobierno no especificaba ese dato y, pese a los reclamos opositores, LLA jamás giró el proyecto a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que lo analice.
De acuerdo al texto, el costo fiscal sería de $ 23.739.155.303. ¿De dónde saldrían esos fondos? Del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación. La explicación que dan los libertarios es que, a diferencia del 2024, este año sí hay Presupuesto Nacional. Por eso, pueden especificar de dónde salen los fondos. Todo esto pese a que la ley de Emergencia en Discapacidad impulsada por la oposición también lo especificaba y, aun así, LLA se negaba a su cumplimiento.
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