Romina Rosas, intimada por el Concejo Deliberante por no pagar sueldos
El departamento Caucete atraviesa una nueva controversia política e institucional que involucra directamente a la intendenta Romina Rosas. Según confirmó el abogado Gabriel Silva —patrocinante legal del juez de Faltas y la secretaria del juzgado—, el Concejo Deliberante resolvió intimar formalmente a la jefa comunal para que haga efectivo el pago de los haberes adeudados a ambos funcionarios, luego de que se denunciara una «conducta antijurídica» de parte del Ejecutivo municipal.
“Se hizo una denuncia en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Caucete por actuar antijurídico de parte de la intendenta. Y como resolución, el Concejo ha sancionado el día jueves una norma legal donde la obliga a que cese en su obrar antijurídico y haga efectivo el pago de los haberes de estos dos magistrados”, explicó Silva a este medio.
El conflicto se originó porque, desde hace dos meses, el municipio dejó de abonar el sueldo del juez de Faltas y de la secretaria del juzgado. De persistir la situación, en los próximos días podría sumarse un tercer mes impago. La deuda estimada hasta la fecha rondaría los 10 a 15 millones de pesos, aunque el letrado aclaró que “no es que tienen grandes sueldos; tienen los mismos, casi están aparejados a cualquier otro sueldo municipal del mismo departamento, de una categoría 24 o 22”.
Lo que más preocupa al representante legal no es solamente la cuestión salarial, sino el trasfondo institucional y jurídico del conflicto. “La intendenta está atropellando garantías constitucionales, sobre todo de magistrados que tienen intangibilidad en sus remuneraciones, y está alterando con una gravedad manifiesta las instituciones del departamento, que son independientes entre cada una de sí”, remarcó.
Silva también apuntó a lo que considera un patrón repetido por parte del Ejecutivo caucetero: “Ella ya se está acostumbrando a estos obrar manifiestos. Ya lo vimos cuando sus representantes en el Concejo Deliberante nombraron a quien no correspondía al concejal, y la Justicia posteriormente lo removió del cargo y puso al concejal que correspondía. Es más tipo un modus operandi: trabajar así, avasallando las instituciones, avasallando las normas constitucionales y de menor jerarquía”.
Consultado sobre si desde el sector judicial se prepara alguna acción formal para evitar que estas prácticas continúen, Silva fue contundente: “No debería seguir con la misma metodología. Debería, justo, sin que nadie le intime, sin nada, pagar los sueldos sin ningún tipo de discriminación a nadie. Eso sería lo correcto en un Estado de Derecho”.
Sin embargo, el abogado advirtió que, si el conflicto continúa y la intendenta no cumple con la intimación del Concejo, ya tienen decidido el camino a seguir: “Una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y alguna acción legal ya condenando a la Municipalidad de Caucete a que haga efectivo esos haberes, con intereses, con costas, con todos los accesorios legales”.
Para Silva, la gravedad institucional del caso no admite matices: “Imagínese estar interviniendo en el servicio de administración de justicia, entre otros tantos. Atropella a una institución. Lo menos democrático que sea. A un poder independiente. A un poder que está garantizado en la Constitución Nacional, en la provincial, en la carta orgánica municipal y donde hay fallos incluso de la Corte de Justicia de San Juan que ha hecho lugar a la reparación inmediata de todas estas cuestiones”.
El conflicto sigue abierto y, hasta el momento, no hay señales de que la intendenta haya cumplido con el pago ordenado por el Concejo Deliberante
