Se le cayó el salvavidas judicial a Duarte: rechazaron la probation y ahora va camino al juicio

La estrategia de evitar el juicio mediante una suspensión de juicio a prueba quedó trunca para el dirigente sindical Duarte. La audiencia prevista para analizar la probation no se concretó y, según confirmó el abogado de la familia denunciante, Adrián Riveros, la causa seguirá su curso hacia un juicio oral y público.

“Nosotros hoy estábamos citados a una audiencia donde se iba a tratar la suspensión de juicio a prueba y no se pudo establecer aprobación”, explicó Riveros. El letrado relató que junto a la víctima se presentaron con la intención de oponerse al beneficio, pero al llegar se encontraron con una situación inesperada. “Cuando llegamos a la audiencia no estaban presentes ni el abogado ni el imputado. Así que se tomó una decisión por parte del fiscal: no otorgarle la probation y caminar todo hacia un juicio oral y público”, sostuvo.

Según explicó, desde el entorno judicial les informaron que la defensa había presentado un certificado médico y solicitado reemplazar las tareas comunitarias por una donación. “Manifestaron que el doctor que defiende al imputado había pedido que las tareas comunitarias fueran cambiadas por la entrega de alguna cantidad de leches o alguna gratificación dineraria a una fundación, teniendo en cuenta que tiene una enfermedad y 80 años”, detalló. Sin embargo, la postura de la querella fue firme. “Nosotros queríamos que volviera el Estado de las cosas a como estaban antes de la agresión. Acá hay un video donde se ve a un dirigente sindical agrediendo y produciendo un daño en un bien privado y nosotros queríamos que repararan ese daño”, afirmó.

Riveros aseguró que el principal punto de conflicto fue la falta de una propuesta económica que cubriera el perjuicio ocasionado. “No quisieron realmente resarcir el daño económico. La única resolución efectiva es reparar el daño. Es lo único que tienen que hacer, nada más”, remarcó. Y agregó: “La ley es clara. Establece la razonabilidad del ofrecimiento por parte del imputado hacia la víctima para llegar a un acuerdo que pueda evitar una condena penal. Pero cuando son dirigentes, cuando son políticos o miembros activos de la comunidad, la vara tiene que ser un poquito más alta”.

El abogado también hizo referencia a las pruebas incorporadas al expediente. “Hay un video donde se ve manifiestamente a un dirigente sindical agrediendo una camioneta privada. No es un video armado por inteligencia artificial, está demostrado fehacientemente por los peritos de la Justicia”, señaló. En ese sentido insistió: “La Justicia tiene que observar estas situaciones y dar una sentencia ejemplificadora, porque si no mañana cualquier hijo de vecino te rompe la ventana de tu casa y no te la repara”.

Respecto del reclamo económico, Riveros explicó que el daño material ya supera varios millones de pesos. “Estamos hablando de una camioneta importante, último modelo. Solamente las ópticas rondaban entre dos y tres millones de pesos, más la pintura y otros arreglos. El daño estaba cerca de los cinco millones de pesos”, indicó. Además advirtió que, en caso de condena, “los valores se actualizan al día del efectivo pago y después vienen honorarios, daños y perjuicios, lucro cesante y un montón de cosas que se suelen sumar a estas situaciones”.

Pero el conflicto no terminaría allí. “Nosotros vamos a accionar porque mi cliente está muy dolido. Han tratado a su hija de 17 años de una manera que no corresponde. Si bien no hubo agresión física, sí hubo una agresión verbal y vamos a ir por el resarcimiento psicológico de la nena”, adelantó Riveros. De esta manera, mientras la causa penal se encamina al juicio oral, la familia ya analiza una nueva ofensiva en el fuero civil.