Vacunación obligatoria: Mientras Mendoza ya denuncia a padres por incumplir, la diputada sanjuanina Nancy Picón había anticipado el debate con un proyecto presentado en 2024
El avance de Mendoza en la denuncia formal a padres que no vacunan a sus hijos volvió a instalar el debate sobre la obligatoriedad del calendario de inmunización. Sin embargo, en el Congreso nacional este tema ya había sido planteado un año antes por la diputada sanjuanina Nancy Viviana Picón Martínez, quien en 2024 presentó un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones contra los adultos responsables que incumplan con las vacunas obligatorias. El texto, basado en un enfoque de protección hacia los menores y de responsabilidad estatal, apuntaba a prevenir precisamente los conflictos que hoy emergen en otras provincias.
Un proyecto que se adelantó al escenario actual
El proyecto presentado por Picón en 2024 propone modificar los artículos 11° y 17° de la Ley Nacional Nº 22.909. En primer lugar, reafirma la obligatoriedad de la vacunación para todos los habitantes y responsabiliza directamente a padres, tutores, curadores y guardadores por el cumplimiento del calendario nacional de quienes se encuentren a su cargo. En caso de incumplimiento, estos deberán afrontar multas de entre 50 y 500 Unidades Fijas (UF).
También incorpora sanciones para quienes apliquen vacunas de forma irregular: si un vacunador incurre en incumplimientos relacionados con el artículo 10°, no sólo deberá pagar una multa, sino que perderá su autorización para continuar aplicando dosis. Con esto, la diputada buscó reforzar todo el circuito de responsabilidades en torno al sistema de vacunación.
El argumento central: proteger a los más vulnerables
En los fundamentos del proyecto, Picón sostiene que la iniciativa busca “resguardar y velar por el interés superior de las personas más vulnerables”, especialmente los menores e incapaces bajo responsabilidad de adultos. La legisladora remarca que el Estado tiene obligaciones constitucionales e internacionales respecto a la salud pública, y que sancionar a quienes incumplen las normas es una herramienta legítima para garantizar derechos esenciales.
La diputada destaca además que, si bien en Argentina la gran mayoría de los padres cumple con las inmunizaciones, existe un porcentaje —aunque mínimo— que opta por no vacunar a sus hijos o por adulterar certificados para cumplir con las exigencias escolares. Esta conducta, advierte, “pone en riesgo la vida de quienes se es responsable y perjudica a terceros”, ya que la vacunación es una herramienta colectiva de protección.
Un marco comparativo: Argentina frente al mundo
El análisis de Picón toma como referencia diversas experiencias internacionales. En países como Australia, Alemania e Italia ya existen sistemas de sanciones para quienes incumplen calendarios obligatorios. Incluso en California, Estados Unidos, desde 2015 se impide el ingreso escolar a niños cuyas familias rechazan vacunas por razones no médicas, una medida que surgió tras un brote de sarampión.
La diputada también destaca que el Calendario Nacional argentino incluye 19 vacunas gratuitas y obligatorias, un esquema robusto que requiere del compromiso de toda la sociedad para sostener su efectividad.
Datos sanitarios claves: por qué vacunarse importa
En sus fundamentos, Picón refuerza la importancia de la vacunación citando a reconocidos especialistas. El infectólogo Daniel Stamboulian afirma que “después del agua potable, no ha habido ningún elemento que haya permitido controlar la morbilidad y mortalidad como las vacunas”. Para la legisladora, estos argumentos científicos son esenciales para comprender que las vacunas no solo protegen a nivel individual, sino que permiten evitar brotes epidémicos.
Otros profesionales citados destacan que enfermedades como el sarampión, la polio y la viruela han sido controladas gracias a los programas de inmunización. Incluso se mencionan casos puntuales como la pandemia de influenza de 2009: mientras ese año hubo 600 muertes —100 de ellas mujeres embarazadas—, la campaña de vacunación de 2010, con más de 10 millones de dosis distribuidas, logró evitar fallecimientos por esa causa.
UNICEF también respalda esta postura al señalar que las vacunas no solo salvan vidas sino que mejoran el rendimiento escolar y generan impacto económico positivo en las comunidades. Para Picón, estos argumentos sostienen la necesidad de aplicar sanciones cuando un adulto responsable incumple obligaciones sanitarias esenciales.
Una legislación necesaria frente al escenario actual
El caso que hoy llega desde Mendoza —donde ya se denuncian penalmente a padres no vacunadores— confirma, según el espíritu del proyecto de Picón, que el país necesita un marco normativo más claro para actuar ante estas situaciones. La diputada había advertido en 2024 que la falta de herramientas legales podía derivar en problemas judiciales, sanitarios y comunitarios.
Con su proyecto, buscó anticipar este escenario y ofrecer un instrumento “coherente con el avance de la sociedad y acorde a la economía”, actualizando incluso el valor de las Unidades Fijas para garantizar que las sanciones sean efectivas.
San Juan en el centro del debate nacional
Mientras distintas provincias comienzan a enfrentar las consecuencias del incumplimiento del calendario obligatorio, la propuesta de Picón cobra nueva relevancia. La diputada sanjuanina sostuvo —un año antes de que el conflicto tomara estado público en Mendoza— que garantizar la vacunación obligatoria es un deber legal, sanitario y moral.
Hoy, con los casos mendocinos en marcha, su proyecto aparece como una herramienta legislativa anticipada, que buscó reforzar el rol del Estado y responsabilizar a los adultos que tienen a su cargo a los menores más expuestos.
