Violencia de género en Chimbas: los casos aumentaron y advierten sobre agresiones cada vez más graves

En Chimbas, los casos de violencia de género muestran un crecimiento sostenido en los últimos años. La secretaria de Desarrollo Social del municipio, Mónica Ramos, reveló que el dispositivo de género abordó 455 casos durante 2024, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 684. En lo que va de 2026, hasta mayo, ya se contabilizaron 291 situaciones.

La funcionaria explicó que los números incluyen distintas intervenciones y que no todos los casos terminan judicializados. Según detalló, durante 2024 el área brindó asesoramiento legal a alrededor de 800 personas, aunque 455 casos fueron los que finalmente continuaron con medidas de protección y otros mecanismos de intervención. Ramos señaló que muchas mujeres abandonan el proceso por razones económicas, falta de una red familiar o por permanecer dentro del círculo de violencia.

Uno de los datos que más preocupa es el tipo de agresión. “El que predomina es el mixto, violencia psíquica y después pasa la violencia física o ambos combinados”, explicó Ramos, aunque estimó que aproximadamente el 75% corresponde a situaciones con violencia física, frente a un 25% de violencia exclusivamente psicológica. La funcionaria también advirtió que en algunos episodios la violencia alcanza a los hijos, que intervienen para intentar defender a sus madres.

Ramos sostuvo que el acceso a los dispositivos municipales permitió acercar la asistencia a las víctimas y facilitar las denuncias. Explicó que, una vez que una mujer llega con una denuncia y solicita protección, el equipo activa los mecanismos correspondientes y puede gestionar medidas de restricción y alejamiento. “Cada caso que nos llega, nosotros levantamos alarma e inmediatamente en 24 horas la mujer tiene la solicitud de protección y tiene la prohibición de acercamiento”, afirmó.

Sin embargo, consideró que uno de los principales obstáculos aparece cuando la víctima no tiene un lugar donde vivir ni recursos para sostenerse junto a sus hijos. En esos casos, el municipio debe activar mecanismos de asistencia para conseguir alojamiento temporal, subsidios o herramientas que permitan avanzar hacia una solución habitacional y laboral. “Es un proceso totalmente complejo”, resumió.

La funcionaria también planteó la necesidad de revisar las actuales medidas de protección frente a agresores que continúan persiguiendo o atacando a sus víctimas pese a las restricciones judiciales. En ese sentido, propuso avanzar con mecanismos de monitoreo electrónico. “Hay otros países en que cuando una mujer denuncia a un agresor, al agresor le ponen una pulsera y saben dónde está, y saben si la mujer está cerca”, sostuvo, al considerar que debería combinarse con botones antipánico y sistemas de seguimiento.

Ramos vinculó el aumento de los registros con una mayor posibilidad de acceso a los dispositivos de asistencia. “Yo creo que han descubierto que pueden denunciar”, afirmó. Según explicó, la descentralización de las áreas de género permitió que las mujeres puedan recibir acompañamiento en sus propios departamentos, sin tener que trasladarse hasta la Capital para iniciar una denuncia o pedir ayuda.

La secretaria de Desarrollo Social también se refirió al femicidio de Gema, ocurrido recientemente, y remarcó la gravedad de que una mujer pueda ser atacada pese a haber intentado rehacer su vida. “Está claro que no funcionan las prohibiciones de acercamiento”, sostuvo, y reclamó que se busquen herramientas más efectivas para impedir que los agresores lleguen hasta sus víctimas.

En ese contexto, anunció que este miércoles se realizará una marcha en reclamo de justicia por Gema. La convocatoria está prevista para las 17 en Plaza La Prida, desde donde los manifestantes se trasladarán por calle Alem, pasarán frente a Cabí y continuarán por avenida Ignacio de la Roza hasta la Plaza 25 de Mayo.

“Tenemos que terminar con esto porque Gema mostró un cartelito que decía ‘Ni una menos’ y ella fue una más”, expresó Ramos, al insistir en la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección frente a la violencia de género.