Amenazas de bombas y posibles sanciones, para el juez Toro : “Un menor de 12 a 14 años no entiende la gravedad de sus actos, actúa por impulso”

El juez penal juvenil Jorge Toro se refirió a la polémica generada en torno a las amenazas de bomba realizadas por adolescentes en San Juan y a la postura que expresó el fiscal de Estado la semana pasada. En diálogo con Radio Sarmiento, aclaró cuál es el rol de la Justicia en estos casos y propuso alternativas para abordar el problema.

“Primero quiero aclarar que ya no existe la figura de juez de menores, hoy somos jueces penales juveniles. Nuestra función es aplicar sanciones a aquellos jóvenes que son penalmente responsables, lo que la ley fija a partir de los 16 años. Antes de esa edad, no podemos imponer penas”, explicó.

Toro reconoció que en el Juzgado que encabeza han ingresado causas por amenazas de bomba, pero aclaró que los involucrados eran chicos de 14 y 15 años: “No he tenido ningún caso en el que el autor fuera mayor de 16. Por debajo de esa edad, la respuesta penal no está prevista en el Código”.

Ante este escenario, el magistrado insistió en la necesidad de buscar otras herramientas. “Creo que debe trabajarse en generar conciencia en los jóvenes sobre la gravedad de estas conductas. La justicia restaurativa puede ser una alternativa. Se trata de hacer que el chico entienda el daño que genera, trabajando con la comunidad educativa o con representantes del Estado”, señaló.

Para el juez, encerrar a los adolescentes en institutos no resuelve el conflicto: “La pena no resuelve, la educación sí. Hay que pensar en talleres, capacitaciones y espacios dentro de la escuela. Además, los padres también deben asumir responsabilidad civil por los daños que ocasionan sus hijos”.

Toro también manifestó su preocupación por otro fenómeno creciente: la violencia escolar. “Cada semana llegan muchas causas por agresiones entre chicos a la salida de la escuela. No tienen encuadre penal y tampoco habilitan sanciones, pero generan un daño real. Allí también debemos trabajar desde la prevención y la educación”, advirtió.

Finalmente, el magistrado recordó que organismos internacionales y la propia Convención de los Derechos del Niño recomiendan no aplicar penas privativas de libertad a adolescentes, incluso a los mayores de 16, y en cambio promover mecanismos de responsabilización que apunten a la reinserción social.

“Debemos entender que estamos hablando de personas en desarrollo. El control de los impulsos no es el mismo que el de un adulto. Lo importante es que el Estado, la escuela y la familia trabajen juntos para resolver estos conflictos y que los chicos tomen conciencia de la gravedad de sus actos”, concluyó.