Producción y trabajo impulsa una ley permanente para discapacidad y pone el foco en los pagos a prestadores
La diputada nacional Nancy Picón presentó un proyecto de ley denominado de “Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, con el objetivo de reemplazar el esquema de emergencias temporarias por un marco permanente que garantice previsibilidad y recursos para el sector. La iniciativa fue elaborada junto a distintos bloques y con participación de prestadores y representantes vinculados a la discapacidad. “No podemos seguir de emergencia en emergencia”, sostuvo Picón, al explicar que las declaraciones de emergencia tienen plazos y obligan a las familias y prestadores a atravesar nuevamente el proceso de renovación cada vez que vencen.
Uno de los principales puntos planteados es establecer un mecanismo permanente de financiamiento para discapacidad dentro de los presupuestos nacionales. “A partir de ahora, con una ley firme, permanente, que esa es la diferencia entre una emergencia y una ley, en los presupuestos van a tener que fijarse los fondos para discapacidad”, explicó la legisladora. La propuesta también ratifica el derecho a la pensión por discapacidad para quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad y establece capacitaciones obligatorias para las personas que trabajan en el cuidado y acompañamiento. “Es muy importante para saber qué trato se le va a dar a una persona con discapacidad que necesita un acompañamiento y no todos son de la misma manera”, señaló.
Otro eje central está relacionado con los aranceles y nomencladores que reciben los prestadores. El proyecto plantea ratificar la vigencia de aranceles universales y homogéneos e incorporar un sistema de actualización vinculado a la inflación. Picón remarcó además que se busca resolver uno de los problemas que más afecta actualmente al sector: las demoras en los pagos. “Nosotros le exigimos que esta deuda que hay y que el Gobierno nacional dice que tiene los fondos ya reservados para ellos, pongan fechas de pago”, afirmó. La iniciativa contempla cronogramas públicos y establece que los pagos no deberían superar los plazos habituales de entre 30 y 40 días, frente a demoras que, de acuerdo con lo planteado durante la entrevista, actualmente pueden extenderse hasta 90 o 120 días.
Picón sostuvo que el proyecto intenta responder a las necesidades planteadas por prestadores y familias y resumió sus objetivos en tres conceptos: “Previsibilidad, capacitación y acompañamiento”. La diputada indicó que la iniciativa cuenta con el trabajo conjunto de legisladores de la UCR, el PRO, representantes de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, y señaló que se buscará obtener dictamen para llevarla al recinto durante octubre. “Esta es una ley revisada y no solo acompañada, sino autorizada por las palabras que realmente deben ser, que son los prestadores y algunos familiares de personas con discapacidad”, afirmó. También expresó su expectativa de que el proyecto pueda reunir apoyos de distintos espacios políticos y remarcó que la discapacidad “debe ser transversal a todos” los sectores.
